La decisión judicial también ordena suspender el uso de expresiones asociadas a la patria y de elementos visuales vinculados a los símbolos nacionales dentro de la estrategia electoral del candidato presidencial.
Un nuevo revés judicial recibió este martes la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, luego de que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenara retirar toda la publicidad electoral que utilice símbolos patrios, entre ellos la bandera nacional, el escudo de Colombia y otros elementos institucionales asociados al Estado colombiano.
La medida fue adoptada tras el estudio de una acción de tutela presentada por el abogado Dylan Lizarazo Ramos, quien argumentó que el uso de estos símbolos en actividades proselitistas podría afectar principios constitucionales relacionados con la neutralidad de los emblemas nacionales y su carácter representativo de todos los colombianos.
De acuerdo con la decisión judicial, la campaña deberá retirar piezas publicitarias, contenidos difundidos en medios de comunicación, redes sociales y demás materiales de promoción política que incluyan la bandera de Colombia, el escudo nacional, imágenes de instituciones militares o policiales, así como otros emblemas oficiales del Estado.
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Asimismo, el fallo ordena dejar de utilizar expresiones como “Firmes por la patria” y restringe el uso propagandístico de referencias que puedan asociarse directamente con símbolos nacionales dentro de la campaña presidencial.
La decisión se produce pocos días después de otra determinación judicial que había ordenado a De la Espriella abstenerse de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia como elemento de campaña mientras se resolvía una tutela relacionada con el uso de símbolos que representan a todos los ciudadanos.
Hasta el momento, la campaña del candidato no ha anunciado oficialmente si interpondrá recursos contra la nueva decisión. Sin embargo, en anteriores pronunciamientos, voceros de su equipo jurídico han señalado que consideran este tipo de medidas una limitación a la libertad de expresión y a la participación política.
La orden judicial se conoce en plena recta final de la campaña para la segunda vuelta presidencial, en medio de una contienda marcada por la polarización política y por diversas controversias alrededor del uso de símbolos nacionales en la propaganda electoral.