Denuncias penales presentadas por ciudadanos revelan un entramado de acusaciones contra la inspectora de Policía de Gaira, Celmira Bolaño Mier, y el exsecretario de Gobierno, Marcelino Kadavid Rada, vinculados a supuestos delitos en la adquisición de un predio en Santa Marta.
La trama de presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de un terreno en Santa Marta se complica con las recientes denuncias penales dirigidas hacia la inspectora de Policía de Gaira, Celmira Bolaño Mier, y el exsecretario de Gobierno, Marcelino Kadavid Rada. Los ciudadanos, liderados por el jurista Rafael Tobías Pitre en representación del señor Germán Libreros Sánchez, sostienen acusaciones de presunto prevaricato por acción, falsedad en documento público y fraude en documento procesal.
La denuncia se centra en el supuesto respaldo de Bolaño Mier en la comisión de un delito de falsedad documental relacionado con la compra de un predio a nombre de otra persona en Santa Marta. El terreno en cuestión, un lote rural ubicado en el sector Bureche con dirección en carrera 20 No. 64-383, ha sido el epicentro de controversias legales y acusaciones.
Le puede interesar: ‘Conquistadores de la Sierra’ siguen insistiendo en los diálogos de paz
La inspectora de Policía también enfrenta señalamientos de prevaricato por no notificar una querella contra Oscar Luis Bravo, quien está presuntamente implicado en la apropiación ilegal del mencionado predio. Las denuncias destacan la admisión tardía de una querella de perturbación presentada el 10 de marzo del 2021 y aceptada el 29 de abril del mismo año, violando el plazo de cinco días establecido por el Código Nacional de Policía en el artículo 223 para el trámite del proceso verbal abreviado.
Los abogados involucrados argumentan que la acción policial de protección a la posesión, mera tenencia y servidumbres debería caducar dentro de los cuatro meses siguientes a la perturbación por ocupación ilegal, según lo establecido en la ley.
Las implicaciones de estas acusaciones no se limitan al ámbito individual, ya que han desencadenado una investigación por parte de las autoridades sobre una posible red dedicada al robo de lotes y propiedades en diversos puntos de la capital del Magdalena. La sospecha radica en el aprovechamiento de la cercanía con inspectores para agilizar procesos y desestimar solicitudes y reclamos de desalojo, generando una creciente incertidumbre sobre la integridad del sistema legal local y la seguridad de las propiedades en la región.
Le puede interesar: Policía de Santa Marta refuerza seguridad en sectores turísticos
