El hombre, quien trabajaba como cuidador del predio de la víctima, habría suministrado información clave a los secuestradores y facilitado el ingreso al inmueble donde ocurrió el crimen.
La decisión judicial se produjo en la ciudad de Yopal, donde el ente acusador presentó elementos materiales probatorios que vincularían al procesado con el secuestro extorsivo agravado de la mujer, de 67 años, quien fue retenida por varias horas mientras sus familiares recibían exigencias económicas para su liberación.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos la víctima se encontraba realizando labores de campo en su finca, ubicada en zona rural de Casanare, cuando fue interceptada por varios hombres armados que se identificaron como integrantes de un grupo armado ilegal. Los delincuentes la obligaron a subir a un vehículo de su propiedad y la trasladaron en contra de su voluntad hasta otro inmueble, donde permaneció privada de la libertad.
Durante el cautiverio, los familiares recibieron llamadas extorsivas en las que los captores exigían el pago de 250 millones de pesos a cambio de su liberación, generando angustia y temor en el entorno familiar de la víctima.
Las autoridades establecieron que Girón Ramos, quien se desempeñaba como trabajador y cuidador del predio de la víctima, presuntamente habría suministrado información detallada sobre los movimientos, rutinas y condiciones de seguridad del lugar, facilitando así la ejecución del secuestro. Asimismo, habría permitido el ingreso de los responsables al inmueble, lo que resultó determinante para la materialización del delito.
Con base en estos hallazgos, un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos. Pese a ello, el juez consideró que existían suficientes elementos para imponerle medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial.
Girón Ramos se convierte en la quinta persona judicializada por este caso. Previamente, las autoridades habían imputado y asegurado a Ramón Alirio González Niño, Jhohantony José Niño Bustamante, Daniel Aníbal Villamizar Dueñez y Heiler Daniel Cocuy Duarte, señalados de participar en el secuestro y de enfrentar cargos por secuestro extorsivo agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; hurto calificado y agravado; y uso de menores de edad para la comisión de delitos.
La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso de avanzar en el esclarecimiento total de los hechos y llevar ante la justicia a todos los responsables de este secuestro, considerado uno de los casos que generó mayor impacto en la comunidad de Pore y el departamento de Casanare.
