En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) han llevado a cabo una serie de diligencias para desmantelar una red criminal dedicada al robo continuado de petróleo en el país y su posterior contrabando y reventa en el mercado ilícito.
Según las investigaciones, esta organización habría causado pérdidas estimadas en 80 millones de dólares a la empresa estatal Ecopetrol.
Los esfuerzos de la Fiscalía se han intensificado en los últimos meses, incrementando el rastreo de bienes y activos ilícitos tanto dentro de Colombia como en el extranjero, con el objetivo de determinar la legalidad de los recursos de los involucrados en el escándalo.
Agentes de Policía Judicial y peritos contables están llevando a cabo minuciosas verificaciones de documentos recolectados durante las investigaciones, así como un exhaustivo seguimiento financiero de las transacciones y operaciones bancarias.
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Una de las líneas de investigación ha llevado a descubrir que la red delictiva tenía vínculos con otras organizaciones criminales y había establecido conexiones internacionales. Se ha detectado el posible desvío y giro de recursos hacia países como República Dominicana, Venezuela, Curazao y Panamá, y se ha identificado que el crudo robado llegaba a puertos en Ámsterdam (Países Bajos) y otros destinos en Asia y Europa.
El expediente de la Fiscalía involucra al menos a 17 empresarios del sector de los hidrocarburos, de los cuales 10 enfrentarán juicio por su participación en la organización delictiva. Se ha establecido que estas empresas utilizaban personerías jurídicas y permisos otorgados por entidades gubernamentales para aparentar legalidad en sus actividades, como la instalación de plataformas de extracción, almacenamiento, refinación y comercialización de hidrocarburos.
El vínculo con grupos guerrilleros también ha sido señalado en las audiencias de control de garantías, en las que se evidenció la relación de la red criminal con el ELN, especialmente en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
Como parte del proceso de extinción de dominio, la Fiscalía logró el embargo de bienes por un valor de 1.3 billones de pesos a los miembros de la organización criminal.
La SAE asumió la custodia y administración de 101 propiedades, entre las que se encuentran inmuebles rurales y urbanos, vehículos de alta gama, lujosos inmuebles, barcos y establecimientos de comercio, ubicados en varias ciudades de Colombia.
