El ministerio público ha solicitado acceso a los estudios ambientales definitivos y otros análisis que estén relacionados con el proyecto del acueducto.
La Procuraduría General de la Nación ha tomado la decisión de abrir una investigación disciplinaria en contra del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, en relación con un contrato para la construcción del acueducto de Santa Marta. Esta pesquisa, anunciada recientemente, también implica al gerente de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., Francisco Fernando García Rentería.
El foco principal de esta investigación radica en las posibles irregularidades que podrían haber surgido en el proceso de firma y ejecución del contrato destinado a la edificación del acueducto denominado 'El Curval', valuado en más de 14 mil millones de pesos. La Procuraduría está indagando minuciosamente si en los estudios previos para la realización del acueducto se contemplaron adecuadamente los efectos ambientales que podrían impactar los ríos de la Sierra Nevada.
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En esta línea de investigación, se ha expresado preocupación respecto a las fuentes hídricas existentes en Santa Marta, especialmente los ríos Piedras y Don Diego, los cuales actualmente presentan riesgos ambientales. Se busca determinar si se desatendió un estudio técnico previo que sugería la utilización del recurso hídrico proveniente del río Magdalena como medida de protección para los cuerpos de agua de la Sierra Nevada. Esto se plantea como una posible estrategia para evitar afectar a las comunidades que residen a lo largo de sus riberas, comunidades que defienden con ahínco este recurso vital.
La Procuraduría ha solicitado acceso a los estudios ambientales definitivos y otros análisis que estén relacionados con el proyecto del acueducto, como parte de las pruebas necesarias para llevar a cabo esta investigación disciplinaria.
Es importante destacar que esta investigación contra Carlos Caicedo surge posterior a su mandato como gobernador y se presenta en un contexto político interesante, considerando sus aspiraciones presidenciales para 2026. Esta situación podría tener un impacto significativo en sus planes futuros, ya que la Procuraduría busca establecer si las acciones de Caicedo, Salcedo y García constituyen una falta disciplinaria, considerando una posible exclusión de responsabilidad.
La investigación continúa en curso y se espera que la Procuraduría pueda obtener información relevante que esclarezca la situación, brindando así una visión más clara sobre el manejo de este importante proyecto de infraestructura en Santa Marta.
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