La lucha contra el tráfico de estupefacientes en Santa Marta da un nuevo paso adelante con la judicialización de seis presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como 'Los Calvos'.
La Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos contra estos individuos por su supuesta participación en delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En audiencias realizadas ante un juez de control de garantías en Santa Marta, los acusados se mantuvieron firmes en su posición y no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. La investigación se basa en diligencias de allanamiento y registro que llevaron a cabo las autoridades, con la colaboración de la Sijín de la Policía Nacional, en varios barrios de la ciudad costera.
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Durante los operativos, se realizaron capturas en cuatro viviendas ubicadas en los barrios Paraíso, Oasis, Los Fundadores y María Cecilia. En el transcurso de las detenciones, los efectivos incautaron diversos elementos que presuntamente vinculan a los acusados con la actividad ilegal, incluyendo marihuana, base de coca, celulares y otros indicios relevantes. El valor estimado de los elementos confiscados se ha cifrado en alrededor de $2'000.000 millones.
Según las investigaciones en curso, 'Los Calvos' operaban en la venta de estupefacientes utilizando la modalidad de venta al menudeo, incluso en una zona cercana a un colegio. Los acusados enfrentan graves cargos por su presunta implicación en esta red de distribución de alucinógenos en Santa Marta.
Los nombres de los presuntos implicados son Nilson Antonio González Castro, Ángel Ricardo Centeno Benjumea, Luis Enrique Parody Campo (alias 'Gordo'), Luis Javier Lechuga Gómez (alias 'Lechuga'), Alfonso Herrera Méndez (alias 'Bigote'), quienes fueron privados de su libertad y remitidos a un establecimiento carcelario bajo disposición del juez.
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Adicionalmente, Juan Camilo Rodriguez España, quien tenía una orden de captura pendiente por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, ha sido puesto a disposición de un juzgado de ejecución de penas para cumplir una sentencia relacionada con esos cargos.
