El gremio solicitó a la Corte Constitucional declarar inconstitucional la medida adoptada por el Gobierno nacional tras la ola invernal.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) solicitó a la Corte Constitucional dejar sin efectos el decreto que declaró la emergencia económica, social y ecológica en el país, argumentando que no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución.
La petición fue presentada ante el despacho del magistrado Miguel Polo Rosero, encargado de analizar la legalidad de la medida adoptada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El gremio también solicitó la suspensión provisional del decreto mientras se estudia de fondo su constitucionalidad.
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Cuestionamientos al decreto
En un documento extenso, Acolgen advirtió que la declaratoria presenta fallas en su justificación, al considerar que no se sustentó de manera suficiente la necesidad de acudir a un estado de excepción.
Entre sus argumentos, señaló que el Gobierno no demostró que las herramientas ordinarias fueran insuficientes para atender la situación, ni explicó con detalle las razones que obligaban a adoptar medidas extraordinarias.
Asimismo, indicó que los fundamentos expuestos serían generales y carecerían del respaldo técnico necesario para soportar una decisión de este tipo.
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Debate sobre la emergencia climática
El gremio también cuestionó que los fenómenos climáticos utilizados como argumento no pueden considerarse inesperados, ya que hacen parte de dinámicas recurrentes del clima en el país.
En ese sentido, sostuvo que no se cumpliría el criterio de excepcionalidad requerido para declarar una emergencia económica bajo el marco constitucional.
La medida del Gobierno se adoptó en medio de afectaciones por lluvias en varias regiones, lo que ha generado un amplio debate en distintos sectores sobre su pertinencia.
A la espera de decisión
Ahora será la Corte Constitucional la encargada de definir si el decreto se ajusta o no a la Carta Política, en medio de un contexto jurídico y político que sigue generando controversia.
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Este proceso se suma a los cuestionamientos que ha enfrentado el uso de estados de excepción en el país, especialmente en situaciones relacionadas con emergencias climáticas.
