Dirigentes políticos y expertos en derecho cuestionan un contrato por $10.000 millones que, según la denuncia, habría sido suscrito para asesorar y defender al presidente Gustavo Petro y a su familia frente a eventuales actuaciones de la OFAC.
Una fuerte controversia política se desató este domingo 11 de enero, luego de que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, hiciera pública una denuncia relacionada con un presunto contrato millonario del Gobierno nacional para la defensa del presidente Gustavo Petro y su familia, tras una eventual inclusión en la llamada lista Clinton.
La alerta fue lanzada inicialmente por Germán Ricaurte, director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, quien a través de su cuenta en la red social X aseguró que la Presidencia de la República habría contratado una firma extranjera de abogados por $10.000 millones, con el fin de asesorar y defender al mandatario frente a posibles actuaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“¡10 mil millones de nuestros impuestos destinados a una defensa personal!”, escribió Ricaurte, quien calificó la situación como un abuso y llamó al uso racional de los recursos públicos.
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Alejandro de Bedout respaldó la denuncia y afirmó que el contrato habría sido firmado mediante contratación directa, lo que —según dijo— podría constituir una grave irregularidad. “El uso de recursos públicos para atender un riesgo personalísimo del jefe de Estado es ilegal y representa una desviación del fin del gasto público”, señaló el cabildante.
El presidente del Concejo de Medellín también advirtió que la presunta contratación se habría realizado a pocos días del inicio de la ley de garantías, previo a una jornada electoral, lo que agrava la preocupación sobre la legalidad y oportunidad del proceso.
“¿Desde cuándo los problemas personales y familiares del mandatario se pagan con nuestros impuestos? Esto es asesoría estratégica personal financiada con plata pública y merece un control inmediato”, agregó De Bedout.
A la polémica se sumó el profesor Martín Eduardo Botero, experto en derecho internacional y residente en Europa, quien cuestionó el fundamento jurídico del contrato. “Si el riesgo es personal, el gasto es ilegal; si el riesgo es institucional, debe explicarse con precisión jurídica y con pruebas. No hay una tercera vía”, afirmó.
La denuncia ha generado amplio debate en sectores políticos y jurídicos del país. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha entregado una explicación oficial sobre los alcances, el objeto ni la legalidad del contrato señalado, por lo que la controversia continúa abierta a la espera de pronunciamientos y eventuales acciones de control.
