En Portugal no le creyeron el argumento de que su vida corría peligro si volvía al país.
El Tribunal de Apelación de Oporto dio la autorización para la extradición a Colombia de Diego Marín, alias Papá Pitufo, rechazando los argumentos de persecución política presentados por su defensa.
Marín, fue capturado el 3 de diciembre de 2024, tuvo su detención validada tras una audiencia el 3 de febrero de 2025, donde manifestó su negativa a la extradición y se acogió a la regla de especialidad, que limita los cargos por los que puede ser procesado en Colombia.
El proceso de extradición podría retrasarse debido a una solicitud de asilo pendiente en Portugal, que podría tardar entre 80 y 100 días en resolverse. Marín enfrenta cargos por lavado de activos, concierto para delinquir, corrupción y contrabando.
Uno de los puntos clave en la estrategia de la defensa es la nacionalidad española de Marín Buitrago. Según los abogados, extraditarlo desde Portugal a Colombia violaría las normas de la Comunidad Europea.
Sin embargo, la Procuraduría General adjunta de Portugal ha desestimado estos argumentos, asegurando que no existen razones jurídicas para detener el proceso.
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El caso también sacudió al gobierno de Gustavo Petro, al revelarse que uno de sus asesores habría recibido dinero de Marín para la campaña presidencial de 2022.
Por su parte, “Papá Pitufo” dice que su extradición a Colombia significaría su “pena de muerte”; A través de su defensa, el llamado Zar del contrabando presentó un recurso de apelación y, en él, señaló que es un perseguido político y que estaría en riesgo su vida de ser extraditado. Además, explicó que ha denunciado redes de corrupción, pero no dio más detalles.
La defensa de Marín busca tumbar la decisión que ya emitió el Tribunal Superior de Oporto, en Portugal, que avaló la extradición.
El recurso fue presentado ante la el Tribunal Supremo de ese país y la defensa de Marín asegura que la vida de su cliente estaría en peligro de ser extraditado en Colombia.
Marín aseguró en el documento escrito por su defensa que “con su vida y seguridad en juego, sin duda de que si es extraditado será ejecutado, especialmente porque ha estado denunciando la corrupción que existe en su país y es allí una persona ‘non grata’, por lo que la extradición y la negativa de su protección por parte del Estado portugués equivaldrá a la pena de muerte”.
