Los resultados revelan un 66% de desaprobación y apenas un 26% de aprobación en la última medición.
Este declive contrasta con los primeros meses de su mandato, cuando el 56% de los consultados aprobaba su gestión, señalando un cambio de percepción significativo en la opinión pública. Sin embargo, a pesar de esta disminución en la aprobación, Petro aún no alcanza los niveles de impopularidad que enfrentó su antecesor, Iván Duque, quien concluyó su mandato con un 27% de aprobación.
La encuesta Invamer destaca diversas tendencias preocupantes para el Gobierno de Petro. La percepción de que la opinión colombiana se está inclinando hacia la derecha es evidente, mientras que la izquierda parece perder terreno. Grandes reformas prometidas, como las relacionadas con la salud, pensiones y trabajo, enfrentan obstáculos en el Congreso, donde las mayorías se muestran esquivas al Gobierno.
Además, preocupaciones crecientes sobre la inseguridad (87% cree que está empeorando) y la economía (80% considera que empeora) se suman a la compleja situación del presidente. Las relaciones internacionales también han generado inquietud, con un notable 57% que piensa que van por mal camino.
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Los sindicatos, históricos respaldos de presidentes de izquierda, expresan una opinión desfavorable del 57%, la más alta en los 23 años de historia de la encuesta. Mientras tanto, la propuesta de legalizar el cannabis enfrenta un fuerte rechazo del 63%, con solo un 33% de apoyo, marcando el respaldo más bajo en dos años.
El pesimismo también se cierne sobre los temas relacionados con la paz total, una política central para Petro. A pesar de los esfuerzos del Gobierno para negociar con varios grupos armados y cumplir los acuerdos con las Farc, el 74% de los encuestados considera que la implementación va por mal camino, y un 63% cree que el Gobierno no cumplirá con lo pactado.
La mayor sorpresa surge en el proceso de paz con el Eln, donde el 49% de los encuestados se muestra en desacuerdo con continuar las negociaciones, superando por primera vez a los que prefieren mantener el proceso. Este cambio en la percepción se relaciona con la persistencia del secuestro, un tema que ha vuelto a tomar relevancia en el debate público.
