El Gobierno le dio adiós definitivo al glifosato y busca regular el cannabis y los usos lícitos de la hoja de coca.
El gobierno de Gustavo Petro ha presentado su Política Nacional de Drogas, marcando un cambio significativo en la estrategia de lucha contra el narcotráfico en Colombia. En un enfoque que promete dar "oxígeno" a los pequeños cultivadores y campesinos, mientras "asfixia" a los grandes narcotraficantes y sus redes de comercio y corrupción, surge la pregunta crucial.
En medio de un nuevo récord en la cantidad de hectáreas de cultivos de coca en todo el país, calculadas en 230,000 según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Gobierno ha delineado un plan que busca cambiar el rumbo de la "guerra contra las drogas" que ha durado más de cinco décadas. Esta nueva estrategia se centra en atacar las plantaciones industriales en lugar de los pequeños cultivadores, que actualmente representan el 65% de la producción de coca en el país.
Con esta premisa, el Gobierno se ha fijado el objetivo de reducir en un 43% los cultivos de uso ilícito para el año 2026 y ayudar a unas 50,000 de las casi 115,000 familias que dependen de la coca a transicionar hacia economías legales.
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En comparación con los enfoques de los últimos cinco gobiernos, esta nueva ruta busca dejar de perseguir punitivamente al pequeño cultivador, lo que implica que el Gobierno de Petro priorizará la sustitución voluntaria de cultivos y sólo aplicará la erradicación forzosa en las plantaciones industriales.
Sin embargo, este último punto es sensible, ya que según datos oficiales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) hasta 2021, el 65% de todos los cultivos eran de menos de 10 hectáreas, lo que significa que más de la mitad del problema radica en estos pequeños cultivadores a los que el Gobierno no erradica de manera forzosa, sino que buscará apoyar en su transición hacia proyectos productivos legales. El presidente Petro y su ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentaron la nueva hoja de ruta bajo el lema "Sembrando vida desterramos el narcotráfico 2023 - 2033", una política de drogas que se convierte en una de las principales agendas políticas del gobierno, después de la paz total, y que también busca influir en la lucha regional contra las drogas, presionando a Estados Unidos a redirigir sus enfoques.
La diferencia fundamental de esta política con las anteriores es que busca dejar de perseguir al pequeño cultivador y propone una política integral de transformación territorial, incorporando el aspecto ambiental como eje central. Además, busca liderar internacionalmente la discusión sobre la guerra contra las drogas.
En este sentido, el Gobierno de Petro también plantea abiertamente la regulación del cannabis de uso adulto y los usos legales de la hoja de coca. El ministro Osuna mencionó que se elaborarán textiles, cosméticos, alimentos y otros productos derivados de la hoja de coca que podrán comercializarse con la ayuda de empresas.
Este enfoque marca una diferencia radical con respecto a gobiernos anteriores, como los de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, que priorizaron la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, incluyendo el uso del glifosato. El gobierno de Petro, en cambio, ha descartado completamente el uso de este herbicida, argumentando no solo las consecuencias para las comunidades, sino también los altos costos asociados. La erradicación de una sola hectárea de coca con glifosato puede costar entre 80,000 y 108,000 dólares, mientras que la erradicación voluntaria cuesta solo 10,000 dólares, lo que representa una diferencia significativa.
Sin embargo, alcanzar el objetivo de reducir el 43% de las hectáreas de cultivos para 2026 será un desafío considerable, especialmente teniendo en cuenta que la UNODC ha informado un crecimiento constante desde 2009, con aumentos más notables desde 2020.
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Uno de los puntos débiles de esta nueva política es la falta de claridad en cómo el Gobierno implementará sus propuestas, lo que requeriría una coordinación institucional considerable. Además, la estrategia para proteger a los líderes sociales y las comunidades ante las posibles repercusiones de la reducción de la oferta de drogas aún no se ha definido.
La gran pregunta que queda sin respuesta es cómo el Gobierno logrará articular esta política con su objetivo de lograr la paz total en Colombia. Mientras la cocaína sea ilegal, seguirá siendo lucrativa, lo que plantea desafíos significativos para convencer a los grupos armados ilegales de que abandonen el cultivo de coca.
Leyenda: De izquierda a derecha en el primer plano: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; el presidente Gustavo Petro y el canciller de Colombia, Álvaro Leyva. Todos ellos presidiendo el cierre de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, un evento citado por el jefe de Estado.
