Contraloría advierte sobre riesgos en proceso licitatorio de pasaportes por $600 mil millones

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La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores debido a los riesgos inminentes que amenazan el proceso licitatorio de suministro, formalización y distribución de pasaportes, con un valor estimado de $600 mil millones (Licitación Pública LP-001-2023).

El informe, llevado a cabo por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, destaca la posibilidad de que el proceso licitatorio sufra una parálisis o intermitencia en la prestación del servicio de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior. Esto podría generar inconvenientes en la oportunidad y calidad del servicio, afectando el propósito y los recursos asignados para el mismo.

El Vicecontralor en Funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, ha enfatizado en la importancia de abordar estos riesgos y tomar medidas preventivas para evitar posibles pérdidas de recursos públicos. La advertencia está dirigida al Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, con el objetivo de que la entidad tome las medidas necesarias y aplique los recursos legales disponibles para salvaguardar la ejecución adecuada de la contratación y evitar daños patrimoniales al Estado.

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Los antecedentes señalan que, a pesar de la emisión de un informe del Comité Evaluador recomendando la adjudicación de la licitación, la Resolución número 5778 suspendió el proceso licitatorio. Esta contradicción, sumada a la falta de justificación clara para la suspensión, aumenta el riesgo de afectación en la prestación del servicio.

En última instancia, la advertencia de la Contraloría destaca la relevancia de mantener la integridad y la oportunidad en la prestación de un servicio público esencial, cuyo valor económico asciende a casi $600 mil millones, provenientes del Presupuesto General de la Nación. Con esta comunicación, se busca evitar posibles detrimentos patrimoniales y garantizar la satisfacción de necesidades sociales fundamentales en un horizonte de varias vigencias.

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