El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió una carta de 24 páginas a la procuradora general, Margarita Cabello, en la que notifica que desatenderá una petición de destitución contra el alcalde de Riohacha, José Emilio Bermúdez.
La solicitud de destitución, hecha por la Procuraduría, buscaba la suspensión del alcalde por un período de tres meses debido a presuntas irregularidades contractuales en la planificación del acueducto de la ciudad.
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En la extensa carta, el presidente Petro aseguró que la medida cautelar de suspensión provisional del alcalde Bermúdez implica una restricción manifiesta al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de una persona electa popularmente, lo cual entraría en contradicción con el estándar convencional fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las funciones sancionatorias de la Procuraduría frente a funcionarios elegidos por voto popular.
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El mandatario recordó la sentencia de la Corte IDH que le devolvió sus derechos políticos cuando él mismo fue suspendido como alcalde de Bogotá en el pasado por el entonces procurador, Alejandro Ordóñez. En virtud del control ex oficio de convencionalidad, el presidente Petro sostiene que no le asiste la obligación convencional de proferir actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautelar requerida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria, ya que ello podría consumar una violación de los derechos políticos del alcalde electo y poner en riesgo la responsabilidad internacional del Estado ante un posible acto ilícito internacional.
