La solicitud se hizo especialmente para aquellos beneficiarios que se encuentran en tratamientos médicos de enfermedades terminales o crónicas.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, adoptar medidas especiales para garantizar ininterrumpidamente la prestación de servicios de salud a los usuarios de las EPS Comfamiliar Huila y Convida respecto de las cuales ha ordenado su liquidación.
Ante las decisiones de intervención forzosa administrativa para liquidar las dos EPS, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad requirió a la Supersalud, para que informe el plan de mitigación de los riesgos asociados a la garantía del derecho fundamental a la salud y a la vida de los afiliados; cómo se aseguró que las EPS a las que fueron trasladados masivamente, cuenten con la red de servicios médicos mínima necesaria y cómo se midió el impacto sobre la red.
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El ente de control también pidió a la Supersalud explicar cuáles fueron los criterios para priorizar la decisión de liquidar las EPS Comfamiliar Huila y Convida, y remitir copia de los análisis realizados, cómo se garantizará el pago de facturas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas y el impacto del riesgo de mercado sobre el comportamiento financiero de las EPS a las que se les ordenó la liquidación.
En la misma acción preventiva, la Procuraduría pidió especificar las acciones para evitar las prácticas fraudulentas en el manejo de los recursos en las EPS, IPS de carácter público y privado y los gestores farmacéuticos.
