Luis Miguel Moisés, activista ambiental y vocero de la Veeduría del Agua Santa Marta, busca detener el proceso licitatorio del proyecto El Curval.
La veeduría, tras un año de investigación respaldada por resultados técnicos y científicos, plantea la posibilidad de un impacto ambiental irremediable asociado con el proyecto. Moisés, al presentar la acción popular, pretende obtener una orden de un Juez de la República para paralizar el proceso licitatorio y evaluar detenidamente las implicaciones ambientales señaladas.
La Contraloría, Procuraduría, concejales y otros ambientalistas ya habían alertado sobre las preocupaciones relacionadas con la ejecución del proyecto. Según Moisés, los hallazgos en el proyecto comprometen la utilidad del sistema para el funcionamiento y la aducción del agua desde los ríos Guachaca y Buritaca hacia la nueva planta que se construiría en El Curval.
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El vocero de la veeduría explicó: “Hemos encontrado unos hallazgos muy serios y por eso hemos presentado una acción popular para que un juez de la República detenga este proceso licitatorio”. La investigación revela potenciales problemas, como el cambio en la relación eco-hidráulica en los ecosistemas estratégicos, la modificación del flujo de sedimentos en las playas y la alteración en los depósitos de agua dulce en ecosistemas marinos.
Esta acción legal agrega un nuevo componente a la compleja situación, poniendo de manifiesto la importancia de abordar no solo las necesidades de agua potable, sino también los posibles impactos ambientales que podrían derivarse de las soluciones propuestas.
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