Con su actuar contrario a la ley, el entonces funcionario judicial generó pérdidas al Estado por más de 1.527 millones de pesos.
Luego de revisar el material de prueba aportado en juicio por la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, modificó la condena contra el exjuez de Montería (Córdoba) Alfonso José Hoyos Gómez y le aumentó la pena a nueve años y siete meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.
La investigación demostró que, en su condición de juez cuarto Penal de Montería, el hoy sentenciado falló de manera irregular varias tutelas que ordenaron el reconocimiento de pensiones a trabajadores de la liquidada Telecom, quienes no cumplían los requisitos de ley para acceder a esta prestación económica.
El entonces servidor judicial en sus decisiones dispuso el embargo de las cuentas de Telecom por cuantía de 1.300 millones de pesos para garantizar el pago de las mesadas. Estos recursos fueron entregado al abogado que representaba a los reclamantes. Instancias judiciales superiores revocaron las tutelas y alertaron sobre la ilegalidad del proceder del juez Hoyos Gómez; sin embargo, los dineros desembolsados nunca retornaron al Estado.
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En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia señaló que “el actuar malicioso y ominoso del servidor público es evidente” por lo que aumentó en un año la condena de ocho años y ocho meses de prisión que había impuesto inicialmente el Tribunal Superior de Montería.
