El Programa de Alimentación Escolar, PAE, de los municipios y del Departamento del Magdalena sigue presentando irregularidades enfrente de las narices de los organismos de control sin que se adopten medidas drásticas, mientras los niños y jóvenes de esta zona del país sufren las consecuencias de la corruptela que se ha entronizado en este programa nacional.
El reciente informe de la Contraloría de seguimiento al programa en todo el territorio nacional parece haber sido hecho a control remoto, pues arroja algunos hallazgos, pero no es determinante en cuanto a ponerle freno a las irregularidades que se presentan en la ejecución del programa en los territorios.
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En el municipio de Plato, el contrato de alimentación escolar municipal, adjudicado al Consorcio Niños Felices 2024, fachada del “monopolista” Manuel González Padilla, alias El Negrillo, entregó en los colegios la semana que termina hoy jugos hit en envase de cajas de cartón, con fecha de vencimiento de febrero del presente año como parte de su ración de complemento alimentario; mientras que en los municipios de Santa Ana y Fundación, la ración de complemento alimentario estuvo integrada por un pan de 500, una lecherita de 700 pesos y un mango verde.
En el caso del PAE departamental, a cargo de la Unión Temporal PAE Magdalena, contratada el año pasado por el exgobernador Carlos Caicedo, entre los alimentos entregados para cocción se denunció con fotografías canastas de zanahorias podridas y frutas dañadas, entre ellas, guineo maduro y papayas, a riesgo de provocar una intoxicación masiva en los colegios del orden departamental en esa municipalidad del departamento.
Lideres sociales, hicieron un llamado urgente a los organismos de control a fin de que se ejerza una verdadera vigilancia al cumplimiento del programa de alimentación escolar en esta región del país donde los operadores contratados hacen lo que se les viene en gana.
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Además, el operador departamental fue denunciado porque no les cancela el sueldo a las manipuladoras o preparadoras de los alimentos, les deben los salarios a alrededor de 1.000 mujeres que laboran en el programa, a quienes tampoco les pagan riesgos laborales o ARL.
