Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Uno de los problemas más grandes que enfrenta el actual proceso de paz (y vaya que tiene) es la comprensión ciudadana de la naturaleza de la situación que se intenta solucionar. Inicialmente, todo el mundo aparenta estar de acuerdo en que la paz es deseable, y en que, a la larga, es el único escenario posible en un país que progresa. Sin embargo, no tardan en emerger los peros: están pre-ordenados.
El más frecuente, tal vez el más fuerte -acaso el único-, el temita preferido de la ultraderecha, es el complejo asunto de la impunidad. "No puede haber verdadera paz con impunidad", vocean todos los días como autómatas los amigos de la guerra a cualquier costo, para insinuar que a Todos los guerrilleros de las Farc hay que condenarlos a la pena de muerte y, ahí sí, poder hacer la paz con ellos. De acuerdo, es elemental: no puede haber impunidad propiamente dicha. Pero tampoco puede seguir habiendo guerra, muerte y desolación para unos, mientras otros, por distintas razones, se relamen en ello.
¿Cómo arreglarlo? Es difícil que una sola persona lo sepa. De hecho, no sería conveniente que una sola persona lo supiera. Por esto hay que alimentar el debate jurídico, hay que buscar opciones, respuestas, salidas a lo que parece no tenerlas. El punto no es fácil, es lo opuesto a lo que se resuelve fácilmente, es algo mucho más que apenas importante: es la carta de navegación de una nueva sociedad lo que se está gestando ahora, en tiempo real.
Las mentes simplistas no tienen cabida en un país que ya empieza a reconocerse a sí mismo como todo lo contrario a simple o previsible (o de raza blanca, o igualitario económicamente, o tranquilo en su vida cotidiana), como tradicionalmente ha insistido en auto-considerarse; se trata, pues, esta época, de una transición que ya empezó a concretarse sin freno.
El fiscal general propone extender el modelo de justicia transicional que se negocia con los guerrilleros también a los militares que han participado del conflicto (aunque no a los asesinos de los falsos positivos), siempre y cuando existan previas condenas bajo la ley penal ordinaria, y entonces el Congreso pueda proceder a expedir la respectiva ley de transición para esos casos de crímenes de Estado.
El argumento usado parece endeble: si los exguerrilleros, como Petro, están haciendo política y ganando elecciones, ¿por qué los agentes estatales que los combatieron -de esta y otra forma- no podrían, al menos, aspirar a no responder penalmente por ello? A pesar de la posible buena fe de la propuesta, a mí eso me suena más a contentillo para la derecha extrema, que, en su extremismo, nunca reconoce ni valora nada que no sea de su explícita conveniencia.
La forma de sacar a la gente de la desinformación que bien puede inducir a la confusión eventualmente guerrerista es empezar por el principio: ¿qué es una transición?, ¿cuál situación política y social se puede considerar como un escenario transicional?, ¿por qué esta que vivimos lo es?, y, ¿qué es un marco de justicia transicional?: ¿cuándo es legítimo diseñarlo y aplicarlo?
El gobierno debe empezar por lo básico en su pedagogía, y hacerla realmente popular; de lo contrario, es de esperar más marchitas de odio como la del otro día, que, aunque con vocación de ruidosas y violentas, no podrán hacer más que retrasar un poco lo inevitable.