Las declaraciones de la representante republicana María Elvira Salazar reavivaron el debate sobre la permanencia del presidente Gustavo Petro en la lista de sanciones administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La legisladora aseguró que los acercamientos diplomáticos entre Bogotá y Washington no implican cambios en las medidas adoptadas por Estados Unidos.
La situación del presidente Gustavo Petro frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos volvió a ocupar un lugar central en la agenda política internacional. Esta vez, la congresista estadounidense María Elvira Salazar aseguró que no existen señales de una eventual exclusión del mandatario colombiano de la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como Lista Clinton.
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Las afirmaciones de la legisladora surgieron en medio de las discusiones sobre el estado actual de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, luego de los esfuerzos diplomáticos realizados por ambos gobiernos para disminuir las tensiones que marcaron los meses posteriores a la decisión adoptada por Washington en octubre de 2025.
Según Salazar, el hecho de que el presidente Donald Trump y Gustavo Petro hayan sostenido encuentros o conversaciones en escenarios diplomáticos no debe interpretarse como un indicio de que la sanción será levantada en el corto plazo. La congresista insistió en que las relaciones institucionales entre dos países pueden mantenerse abiertas sin que ello implique modificaciones automáticas en decisiones previamente adoptadas por las autoridades estadounidenses.
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La inclusión de Petro en la lista de sanciones fue anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la OFAC, organismo que argumentó que determinadas actuaciones de su administración habrían contribuido al fortalecimiento del narcotráfico y a la expansión internacional de drogas ilícitas. La medida también alcanzó a personas cercanas al mandatario colombiano.
Desde que se conoció la decisión, el jefe de Estado colombiano ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que las acusaciones carecen de fundamento. Además, su gobierno ha adelantado distintas gestiones diplomáticas y jurídicas con el propósito de lograr una revisión de la medida y obtener la exclusión de su nombre del listado.
