El Estado raso

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Escrito por:

Tulio Ramos Mancilla

Tulio Ramos Mancilla

Columna: Toma de Posiciones

e-mail: tramosmancilla@hotmail.com

Twitter: @TulioRamosM



Un estudio recientemente publicado por la ONG World Justice Project acerca de los índices de realización de los postulados del Estado de Derecho en 35 países del mundo (dentro de los que está Colombia) muestra, además de otros hechos, el pobre nivel de satisfacción del servicio público de la justicia en nuestro país.

No podía ser de otra forma, por lo demás, en un territorio cuyo Estado de Derecho aún no termina de hacerse, y en el que el tránsito hacia el Estado Social de Derecho es, naturalmente, algo lejano. Me he referido a la justicia, en primer lugar, por la obvia preeminencia que la misma debe tener en cualquier evaluación que se haga del Estado de Derecho, pues si algo debe caracterizar a éste es, sin lugar a dudas, la existencia de un rígido imperio de la ley (una ley que, en los términos del informe a que me refiero sea justa, clara, publicitada, protectora de los derechos fundamentales y estable, tanto en la parte sustantiva como también en la procedimental, y que, a más de esto, el acceso al cumplimiento de esa ley esté completamente garantizado), bajo el cual deberíamos estar todos sometidos: gobierno, demás servidores públicos, y ciudadanos en general, lo que, sobra decirlo, sólo un Poder Judicial independiente podría avalar con certeza, al evitar, entre otras cosas, la preponderancia arbitraria e inconstitucional de alguno de los otros dos poderes públicos, o sea, impidiendo la concreción de lo que efectivamente se ha venido practicando en Colombia durante los últimos años (gobierno de Uribe), y que también se ha considerado como una variedad de golpe de Estado (¿o les preguntamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia -máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria- a ver si las "chuzadas" no tienen una intención desestabilizadora mediante el chantaje y el desprestigio?).

La investigación, que se denomina Rule of Law Index 2010, fue realizada durante el mes de septiembre de 2009, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali -que corresponden al 28% de la población nacional-, con una muestra de 1.000 personas para la encuesta. (El texto completo del informe se puede leer en inglés en el sitio web www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/). De los varios datos que se pueden extraer para su análisis, vale la pena concentrase en algunos muy dicientes.

Veamos. La peor ubicación de Colombia, según los promedios, dentro de la clasificación de los 35 países seleccionados (puesto 32, con un promedio de 0.36 sobre 1.0, ocupando el último lugar entre los siete países de la región escogidos), corresponde al tema de orden y seguridad, el cual se valoró mediante la formulación de preguntas relativas al control del crimen, a la limitación del conflicto civil, y al nivel de recurrencia a la violencia para la solución de conflictos personales. Llama la atención que sea este el ítem que muestra los números menos halagüeños para el Estado de Derecho colombiano, habiéndose elegido un gobierno hace apenas 4 meses con la promesa de continuar la "exitosa" política de Seguridad Democrática de Uribe y todo eso; parece que en septiembre de 2009 los colombianos no eran los mismos de junio de este año. ¿Será que los cambiaron? Vea usted, curiosidades.

Según este documento, durante los 3 años anteriores a la encuesta, el 15% de los colombianos sufrió un asalto en su domicilio; solamente el 51% de las víctimas reportó el crimen a la Policía.

En otras palabras, 1 de cada 6 colombianos ha sufrido el delito referido y sólo la mitad de ellos ha confiado en la Policía Nacional y en las autoridades judiciales para el restablecimiento de su derecho. Por otro lado, frente a la proposición de si los medios de comunicación son libres para expresar sus opiniones respecto de las políticas y acciones gubernamentales, el 60% está fuertemente en desacuerdo, y el 9% en desacuerdo; como quien dice, 7 de 10 colombianos creen que existe censura en Colombia.

Pero el asunto de mayor interés es el del mecanismo que prefieren los colombianos para forzar el cumplimiento de un contrato o para recuperar dinero que les adeudan: la negociación directa, con el 39% de los encuestados; le sigue el 24%, que es el de la gente que no hace "nada"; hay un 7% repartido entre otras vías.

(Únicamente el 30% de los abordados intenta resolver tales problemas a través de un proceso judicial; de ellos, el 49% ha obtenido una solución en menos de un año, el 13% lo ha hecho en más de tres años, y el 18% nunca arregló nada).

 Entonces, de los diferendos civiles suscitados en Colombia, casi 2/3 de ellos son dejados a la "mano invisible" de la justicia privada para su "resolución", con las consecuencias criminales que de eso se desprende. Todo esto significa que aquí no podemos hablar de Estado de Derecho: acaso habrá apenas un Estado, sin derecho, o, simplemente, un Estado raso. Así, parece que el Estado Social de Derecho tendrá que seguir esperando su turno, si es que algún día le llega.



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