La garantía a la protesta social en Colombia está consagrada por la Constitución Nacional, lo que implica que la realización de paros, manifestaciones y protestas son el vivo reflejo de una democracia participativa, sin embargo el punto antagónico lo configuran los abusos que eventualmente puedan generarse por los protestantes como por la fuerza pública respectivamente.
Sumada a estas circunstancias surge el hecho negativo, casi sin sentido, que mientras el Gobierno Nacional desarrolla un proceso de cese al conflicto con la guerrilla de las Farc en La Habana, actores cercanos a los grupos armados se involucran con anómalas alteraciones de orden público; para superar ese conflicto armado que padece el país hace más de medio siglo, es necesario una justicia restauradora y retributiva, que repara y transforma la situación de las víctimas y no una justicia aparente que simule reparar daños.
Sin equivoco alguno el país necesita hoy más que nunca fortalecer el Marco Jurídico para la Paz como la herramienta más importante orientada a poner fin el conflicto armado; Colombia es un país donde la impunidad ha sido Ley y donde algunos se rasgan las vestiduras porque se certifique la equidad y la justicia social, algo que no sienten.
La Fiscalía General de la Nación implementa revisiones internas y de reorganizaciones a los procesos jurídicos que permitan responder de la mejor manera posible los retos y desafíos que se presenten; estrategia esta, fundada y soportada en macro procesos que se tomen en consideración al contexto en que ocurrieron los hechos y la asociación de los mismos para identificar patrones de criminalidad y victimización que dé cuenta de la magnitud de los acontecimientos.
La actual criminalidad que desafía y desborda en Colombia cualquier análisis, conlleva a plantear soluciones y alternativas conducentes a la adopción y resolución de conflictos y problemas mediante un proceso de modernización y ajustes, que orienten aspectos relacionados con las competencias de las Altas Cortes, pero igualmente fortalezcan sus dignidades, autonomía e independencia.
Existe un número significativo de integrantes de la sociedad colombiana, que procura una seria y profunda reforma a la justicia, que sea eficaz, transparente y cercana al ciudadano. Los hechos motivos de protestas, pueden reiterarse, crear más descontento y causar más desastres, las medidas a aplicar deben provenir del ejecutivo nacional, que sean inmediatas ajustadas y su aplicación entregue soluciones.