El escenario de confrontación bélica que vive Colombia, desde hace más de medio siglo, la ubica en el país de la desigualdad que afecta el tejido social donde las instancias gubernamentales en vez de incluir lo que hacen es alinear a la comunidad, cuyas aspiraciones no son escuchadas, menos atendidas ni resueltas.
La desconfianza ciudadana en el Gobierno Nacional es más notoria y ello ha sido la grieta que ha dado motivo a la explosión de protesta: paran los cafeteros, los mineros, los camioneros, los paperos y otros gremios; los protestantes buscan mejores condiciones; la protesta ha sido tan mayúscula que se considera en el país ha marcado un hito en la historia del país; sin igualdad no puede haber crecimiento.
En este sentido no se puede pasar por alto la conmemoración de los cincuenta años del famoso discurso en favor de los derechos ciudadanos: Tengo un sueño, del líder Norteamericano Martín Luther King, paladín de la integración racial, premio Nobel de Paz, 1964, que hoy por hoy han motivado cientos de análisis y reflexión sobre cuánto ha avanzado la transformación social desde ese transcendental y memorable episodio. Los hechos sucedidos dibujan hoy con exactitud el terrible flagelo de atraso en materia de justicia social en el que convive y persiste Colombia.
Ninguna causa justifica los horrores acaecidos en esta guerra degradada y prolongada, que rechaza e inhabilita la protesta social. Los reclamos exigen más que una enorme capacidad de rectificación y reconciliación; asumir de manera seria los derechos de las víctimas y resarcir el daño causado, ayudaría a ello a que el país adopte una participación más activa.
Como se puede apreciar al inicio de este gobierno, el mandatario nacional, intentó desconocer y criminalizar la protesta, pero ahora ha tenido que abrirse al proceso de concertación y diálogo; debe ya emprender en pro de atender las exigencias que sientan las bases reales para el equilibrio justo y merecido de la equidad social; restituir a las víctimas su condición de tal y hacerlas partícipes de la reparación integral; gobierno y guerrilla tienen que aprovechar ahora o nunca las condiciones actuales para resolver sin violencia los sacudimientos en curso, las bondades y debilidades de las dos partes, marcan el lindero de la negociación respectiva.
Por mandato expreso del Artículo 1º de la Constitución Política Colombiana que consagra la prevalencia del interés general, que da a entender que por duro que sea los derechos de las víctimas, la verdad, justicia y reparación, no pasan de ser derechos individuales y subalternos sometidos al interés colectivo; dolorosa verdad que permite reconocer el derecho colectivo a no ser víctima, el verdadero derecho principal, cuyo contenido directriz son los derechos fundamentales a la vida, la libertad en todas su modalidades.
Ahora nos toca presenciar el seguimiento al desarrollo normativo de acuerdos y colaborar en la construcción e implementación de la etapa al posconflicto.
Colombia es un país en urgente necesidad de modernización y cambio, además de confrontar con decisión y contundencia los problemas que dificultan el orden y la plena convivencia ciudadana; se requiere que se gestionen planes y proyectos para todos los ciudadanos; los nuevos ministros no pueden partir de supuestos equivocados, ni sembrar conflictos; lo que deben buscar es mejorar la estructura del Estado en puntos neurálgicos que involucren todas las necesidades pero con sus respectivas soluciones en materia de conflictos.