No tiene sentido la tardía reacción de los colombianos al indignarse por la risible sanción prodigada por la proterva Justicia Especial para la Paz (JEP) a los dirigentes de las Farc, cuando tanto advertimos diez años atrás que exactamente eso pasaría, ganándonos insultos y amenazas por montones. Siempre dijimos que el acuerdo de La Habana implicaría que todos los crímenes de las Farc quedaran impunes y eso es lo que está pasando.
¿Cuál fue el fallo de la retorcida JEP la semana anterior? Pues, que para dolor de Colombia, estos mandaderos de las Farc “condenaron” a los siete máximos cabecillas de esa organización terrorista al ridículo castigo de 8 años de pena simbólica como consecuencia de 21.396 secuestros cometidos básicamente desde los años 90 hasta el 2016, con lo que basta una operación de Coquito para dilucidar que, en sus tiempos más sanguinarios, estos carniceros secuestraron un promedio de más de 2 personas al día.
Hay que decir que las nuevas generaciones no conocieron el flagelo del secuestro, que acabó no solo con la vida de cientos de personas que jamás regresaron al seno de su hogar, sino con familias enteras que se desintegraron, que debieron huir del país o quedaron sumidas en la pobreza; con empresas que naufragaron y se fueron a la quiebra; con amigos que nunca volvieron a verse y amistades que dejaron de cultivarse, con amores que quedaron truncados para siempre…
No en vano, suele considerarse que el secuestro es un delito más grave que el asesinato. Y en el arte de convertirlo en algo abominable, las Farc alcanzaron las más altas calificaciones. Gracias a las Farc, Colombia llegó a ser el país con más secuestros en el mundo, y ese chistecito nos cambió tanto a nivel individual como social. Otra habría sido nuestra historia sin el flagelo del secuestro, sobre todo cuando se convirtió en una plaga que no hacía distingo entre ‘ricos’ y clase media. Por eso, muchos optaron por evitar cualquier tipo de ostentación y por no realizar inversiones que pudieran ser notoriamente lucrativas. ¿Cuánto dejó de crecer el país por cuenta del estímulo negativo que causaba esta actividad criminal?
El 7 de agosto de 2002 llegó Álvaro Uribe y les acabó esa guachafita. No fue solo que se recuperaran las vías para que los ricos pudieran ir a sus fincas, como decían algunos críticos hace un par de décadas. Lo que se recuperó fue todo un país en el que nadie podía salir a la calle tranquilo porque si tenía cualquier emprendimiento era candidato a secuestro. Sin esa maldita lacra, de la que las Farc fueron sus iniciadores y mayores cultores, Colombia sería un país más próspero y sin tantas cicatrices. Sería otro país.
Por eso duele lo que ha hecho la JEP, aunque nadie debería mostrarse sorprendido. Hay un video de una rueda de prensa, por allá en 2016, en el que alias “Timochenko” dice que la JEP es un tribunal de las Farc, creado por ellos para someterse a él bajo sus reglas. Y desde el principio se sabía que la pena máxima sería de ocho años en plena libertad, condenados a sembrar lechugas o a ayudar en el desminado, pero no arriesgando sus pies en el monte sino desde un escritorio, marcando posibles campos minados en un mapa.
