Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
No se equivocan demasiado los que dicen que al Reino de España llegó el comunismo, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Durante la semana pasada se conoció una sentencia del Tribunal Constitucional relativa al aval otorgado a una ley de vivienda impulsada por el Gobierno socialista en 2023; según tal normativa, entre otros aspectos, aunque no se le niega rotundamente la posibilidad al propietario invadido de recuperar ante un juez su casa cuando esta ha sido poseída a la fuerza por terceros (los tales “okupas”), sí que se hizo obligatorio, a modo de requisito de procedibilidad, que antes se adelante una “mediación” entre el propietario y el intruso, especialmente si el primero es pudiente y el segundo está en presunta situación de vulnerabilidad. ¿Una mediación?
¿Pero qué más podía esperarse de un pueblo tan presa del progresismo que hasta la oposición se deja manipular por el “ministerio de igualdad”, el de allá? Hace pocas semanas, en Almería, la alcaldesa de la ciudad, de filiación popular, tuvo que salir a pedir disculpas apresuradas por la propaganda desplegada no muy lejos de colegios en la que se aprecia a un niño de unos diez años y, bajo esa foto, la siguiente inscripción: “Si dice no, no es sexo. Es agresión”. Como es lógico, los españoles decentes se preguntaron qué pasaba si ese menor decía sí: ¿ya no es agresión? Pues así están las cosas; no es suficiente tener que aguantarse el escandaloso déficit de testosterona, y el onanismo feminista que le hace juego, sino que ahora la pedofilia es casi cuestión de elección.
Mientras en España la propiedad privada no disfruta de los mismos atributos de antaño, sencillamente porque se premia el delito de usurparla, y los niños podrían estar padeciendo peligros auspiciados oficialmente, hay países que no se resignan a ser el laboratorio de nadie. En Perú, por ejemplo, la cojonuda presidenta Dina Boluarte firmó un decreto, como medida epidemiológica, para la protección de la salud mental de los que se consideran transexuales; ciertamente, a estos, tal política pública no los ha extasiado, a pesar de que la decisión sea muestra de lo que pasa cuando se intenta “ganar derechos” a las malas, sin el consenso social necesario. A lo mejor algo similar podría darse en Madrid el día en que se harten de ser europeos y se acuerden de su leyenda negra.
España, el país cuya vicepresidenta segunda afirma que Palestina debería ir “desde el río hasta el mar”, como si se tratara de una islamista que expresa sus deseos fumones de exterminar a Israel, es el mismo Estado en el que el ministro de Transportes, que más parece un “cuñao”, se atreve a insultar al presidente legítimo de una nación soberana como Argentina. Javier Milei, por su parte, le cantó luego una que otra verdad a Pedro Sánchez, y a su señora, la que tendrá que dar explicaciones judiciales acerca de ciertas reuniones y negociados; y, en respuesta, el Gobierno de los vulnerables se ha indignado hasta la médula, muy imperial, ya que no le quedaba de otra porque la disculpa del virreinato nunca iba a llegar. Conozco a alguno que otro comparsa de la izquierda nativa que querría ser parte de una mojiganga como la ibérica, pero aquí el chanchullo nada que les termina de cuajar.