Las injusticias de género presentan una de las paradojas más profundas de nuestra era. Por eso, es imperativo que reconozcamos esta realidad no como una serie de incidentes aislados, sino como el producto de una estructura sociopolítica que sistemáticamente margina, excluye y oprime a las mujeres.
Estoy convencido que solo a través de un compromiso genuino con la igualdad, que se traduzca en políticas efectivas y acciones concretas, podremos aspirar a una sociedad verdaderamente justa y democrática. La lucha contra la discriminación y la violencia debe ser una prioridad ineludible de todos.
La injusticia perpetrada contra ellas no es solo una afrenta a su dignidad y derechos, sino que constituye la base sobre la que se erigen todas las demás formas de injusticia. De manera similar, no es solo una manifestación de poder y dominación; es, de hecho, la fuente primordial de todas las violencias que corroen el tejido de los colombianos.
En efecto, desde una edad temprana, muchos niños son testigos, y en ocasiones partícipes, de actos de violencia contra las mujeres dentro de sus propias familias. Esta exposición no solo normaliza la violencia de género, sino que también la institucionaliza como parte integrante de la estructura social. Esta tragedia, que se extiende a lo largo del tiempo, no es un relicto del pasado; es una realidad viva y persistente que nos desafía en el presente.
Pretender ignorar esta situación o hacer como que no es con nosotros es un acto de negligencia que socava los fundamentos mismos de la justicia. La indiferencia o la inacción ante la violencia que sufren no solo es una traición a los principios más básicos de humanidad, sino que también pone en peligro la viabilidad de nuestra democracia.
La aceptación tácita de esta realidad ya sea por acción u omisión, nos coloca peligrosamente al borde de lo que podría denominarse una subdemocracia o, en el peor de los casos, un Estado fallido. La violencia de género y la injusticia no son meros problemas sociales; son síntomas de una enfermedad mucho más profunda que amenaza con desestabilizar nuestra convivencia y comprometer nuestro futuro como comunidad humana.
Considero que la responsabilidad de enfrentar y erradicar esta violencia nos incumbe a todos, tanto a nivel individual como colectivo. No hacerlo es convertirnos en partícipes de un sistema que consolida las bases de una comunidad injusta. El desafío que enfrentamos es monumental, pero es también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una que valora la igualdad, la justicia y la dignidad humana. Es imperativo que rechacemos cualquier intento de minimizar o justificar esta violencia e injusticia contra las mujeres.
Vivimos en una era marcada por contradicciones flagrantes: por un lado, testigos de avances significativos en tecnología, ciencia y derechos civiles; por otro, confrontados con la persistente y, en ocasiones, evolutiva injusticia y discriminación. Este panorama sombrío es una manifestación de una profunda disfunción en el corazón de nuestras sociedades, una que deja en evidencia nuestra imperfección democrática.
En síntesis, la brecha salarial de género, la inestabilidad en el empleo, la violencia física y emocional, junto con las formas más extremas de explotación como la trata de personas, son síntomas inequívocos de una enfermedad sistémica que erosiona no solo los derechos y la dignidad sino los cimientos mismos de nuestro país. Estas prácticas degradantes no solo las deshonran, sino que las deshumanizan creando fisuras irreparables en la tela de la equidad y cohesión social.
Para concluir, la continuación de estos males, en pleno siglo XXI, es un testimonio de nuestra falla colectiva en construir una nación que valora y proteja por igual a todos sus miembros. Esta situación lamentable es una crítica directa a nuestras instituciones, a nuestras leyes y, fundamentalmente, a nuestros valores morales y éticos. La discriminación y violencia de género son, sin duda, el reflejo de una democracia incompleta, una que predica la igualdad, pero falla estrepitosamente en su implementación.