El artículo 229 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia. La teoría de la acción procesal en su sentido abstracto puede servir de fundamento para la construcción conceptual del derecho fundamental a su acceso efectivo. Solo bajo dicha concepción es posible afirmar que todo sujeto de derecho, tenga o no la razón desde el punto de vista del derecho sustancial, tiene que ser escuchado en el proceso. Así las cosas, este derecho fundamental deja de ser una simple institución teórica o formalista, para convertirse en un elemento esencial al Estado de derecho, pues legitima al proceso como genuino instrumento institucionalizado de solución pacífica de controversias, al contribuir con la proscripción de la justicia por mano propia.
Resulta que el concepto de acción en el ámbito jurídico es originario del latín "actio" y es fundamental en la estructura de nuestros sistemas legales. Este derecho subjetivo, que nos permite acceder a los mecanismos jurídicos para reclamar justicia, es crucial para garantizar la función jurisdiccional del Estado. Considero que el derecho de acción, al ser el derecho a la jurisdicción, y al tener relación con el derecho de contradicción, refleja un equilibrio esencial en el proceso legal. La acción procesal, en este sentido, es el instrumento mediante el cual los sujetos de derecho exponen sus pretensiones ante los órganos jurisdiccionales. Así, la acción y la contradicción se convierten en pilares de nuestro derecho a un juicio justo, subrayando la importancia de la intervención estatal equitativa en la administración de justicia.
Es importante señalar que el proceso es el escenario donde se materializan tanto la acción como la contradicción, convirtiendose en un elemento vital en el sistema jurídico. Además, la responsabilidad de las partes en él, especialmente en términos de temeridad y mala fe, es un aspecto que no debe tomarse a la ligera. La normativa que regula estas conductas asegura la integridad y eficacia del sistema de justicia. En definitiva, la relación entre el derecho de acción y el acceso a la justicia es un reflejo del compromiso del Estado con la protección de los derechos fundamentales, un aspecto que considero esencial para mantener la legitimidad y eficacia del Estado de derecho.
En ese sentido, es fundamental destacar la diferencia entre los derechos de acción y de contradicción. Considero que esta distinción subraya el equilibrio necesario en cualquier sistema jurídico democrático. Mientras que el derecho de acción permite iniciar un proceso legal, el derecho de contradicción asegura que la otra parte tenga la oportunidad de defenderse. Este equilibrio es vital para garantizar un proceso justo y equitativo, donde ambas partes puedan presentar sus argumentos y evidencias de manera adecuada. Por eso, estos principios son pilares de un sistema de justicia que busca la verdad y la equidad, reflejando un compromiso con la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Entonces, la acción y la contradicción son conceptos jurídicos que, en mi opinión, representan la dualidad y el balance necesario en la administración de justicia. El derecho de acción ofrece la vía para reclamar justicia, mientras que el derecho de contradicción protege el principio de defensa, ambos esenciales para un juicio justo. Esta dualidad refleja la sofisticación y la profundidad de nuestro sistema legal, subrayando el compromiso con un proceso equitativo, transparente y accesible, esencial para la preservación de un Estado de derecho justo y democrático.
Por lo tanto, es vital apreciar cómo estos principios jurídicos se entrelazan para formar la columna vertebral de nuestra justicia. La efectividad del sistema legal depende no solo de la correcta implementación de estos derechos, sino también de la comprensión pública de su importancia. Por eso, los abogados, medios de comunicación, centros de opinión y profesores de derecho, al fomentar un conocimiento más profundo de estos conceptos, podemos contribuir a un sistema de justicia más robusto y equitativo, reafirmando nuestro compromiso con la justicia, la equidad y el respeto a los derechos fundamentales en nuestra sociedad.