A menudo, me pregunto sobre la naturaleza confusa de los derechos humanos (DH) en relación con el poder punitivo del Estado. Esto porque parecería que estos dos conceptos están en constante tensión.
Resulta que Luigi Ferrajoli plantea que el papel del derecho penal frente a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos presenta dos fenómenos muy distintos. Por un lado, se espera que el poder punitivo los garantice y los proteja; por otro, es indispensable que este poder no los viole.
De igual manera, es interesante cómo Raul Eugenio Zaffaroni expone que el derecho penal moderno se enfrenta a un desafío sin precedentes en la era globalizada. La criminalidad global y las atrocidades que violan los DH no conocen fronteras.
A su vez, la criminología contemporánea, como sugiere Wayne Morrison, está en una encrucijada epistemológica. Se busca responder a los desafíos actuales, y a mi juicio, uno de sus principales retos es determinar cómo protegerlos mientras se enfrenta a la criminalidad global.
De hecho, creo firmemente que es evidente que las actuales dinámicas sociopolíticas y los cambios en las estructuras de poder a nivel global, hacen que las respuestas tradicionales del derecho penal ya no sean suficientes. A mi parecer, la tensión entre la necesidad de castigar y la obligación de proteger los DH nunca ha sido tan palpable. Si bien el Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos de actos criminales, también es cierto que el poder punitivo no debe ser una herramienta para oprimir o violar esos mismos derechos que pretende proteger.
Zaffaroni aclara que, en el contexto actual, el poder punitivo del Estado tiene que enfrentarse a la realidad de las atrocidades que se cometen a escala global. Y, señala que es sorprendente que, a pesar de la universalidad de los derechos humanos, todavía existan espacios donde éstos se vulneran sistemáticamente. En este sentido, surge acá que la criminología tiene el reto de abordar estas atrocidades desde una perspectiva que no solo busque castigar, sino también prevenir y reparar.
También las reflexiones de Ferrajoli, apuntan a que es imprescindible que se construyan puentes entre los DH y la criminología pues no cabe duda de que la protección de los derechos humanos debe ser una prioridad, pero es fundamental que se haga de una manera que no perpetúe ciclos de violencia o injusticia.
Ahora bien, Colombia no es ajena a esta problemática, principalmente en la aplicación de una justicia transicional para lograr una paz estable. Por eso, a mi juicio, la historia reciente de nuestro país, marcada por un conflicto armado de décadas, ha puesto en primer plano este panorama, mostrando la difícil tarea de equilibrar la justicia penal y la protección de los derechos fundamentales.
Por ende, Colombia ha vivido situaciones donde la respuesta del Estado, a través de su poder punitivo, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, no solo desde organismos internacionales, sino también desde la sociedad civil y organizaciones desde donde se exige una demanda legítima de justicia frente a graves violaciones a los derechos humanos,
En síntesis, creo firmemente que el reto más grande para la criminología y el derecho penal en el siglo XXI es encontrar un equilibrio entre el poder punitivo y la protección de los DH. Las visiones de Ferrajoli, Morrison y Zaffaroni nos proporcionan una hoja de ruta para abordar esta problemática, pero está en manos de juristas, criminólogos y tomadores de decisiones implementar cambios que respeten y protejan la dignidad humana en todos los aspectos del sistema penal.
En conclusión, me parece que la relación entre los derechos humanos y el poder punitivo del Estado es una de las discusiones más pertinentes de nuestra era. Por todo lo anterior, el desafío no es sencillo, pero es esencial para garantizar un mundo más justo y equitativo. Es imperativo que la criminología y el derecho penal evolucionen para proteger los derechos humanos de todos, sin excepción.