Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Surtido el cuarto debate de los ocho que requiere la reforma constitucional a la justicia que cursa en el Congreso, se pregunta uno ante la aprobación parcial de la misma:
¿En serio se va a investir a los colegas abogados de la sagrada facultad de impartir justicia? Peliagudo asunto. Se habla de casi tres millones de procesos judiciales represados, es cierto, y que en virtud de ello, la adopción de esta medida delegatoria (entendida de buena fe) permitirá legítimamente que los letrados nacionales entren a decidir sobre asuntos congelados desde hace años en los rincones de los juzgados colombianos, justamente con la intención de alijar en algo el barco de la justicia, a punto de zozobrar desde hace décadas.
La idea, en teoría, no deja de ser seductora. Hay que reconocerlo. Y, como lo dice el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, al fin y al cabo se trataría de un otorgamiento de competencias a sujetos que tienen más o menos la misma formación académico-jurídica que los funcionarios jurisdiccionales, quienes no alcanzan a cubrir las necesidades litigiosas de la sociedad en que vivimos, con las consecuencias de rigor que esto trae -que no puede dejar de traer- en términos de violencia.
La gran crítica que ha recibido la propuesta (que es una, entre otras, no menos polémicas, para acabar con el represamiento) está centrada en un punto obvio para cualquier colombiano conocedor de la realidad de su país: la acentuación de la privatización de la justicia.
Es decir, si para nadie es un secreto que actualmente muchas de las decisiones judiciales en Colombia, por obra y gracia de la lamentable venalidad del aparato jurisdiccional, hacen parte del mercado, y por eso se rigen por las leyes de la oferta y la demanda, se venden al mejor postor, etc., ¿cómo sería en un escenario en el que el fallador fuera objeto de a un menos control del que ahora "disfruta"? En concreto: si ya hay una justicia privatizada, con los jueces y fiscales de la República a merced del bolsillo de los que no usan ruana, ¿cómo diablos va a hacer el Estado para controlar la juridicidad de las decisiones tomadas por tantos y tantos doctores que nada más estudiaron Derecho -y se graduaron- impulsados por la promesa incierta del billete?
Debemos recordar que la materialización de la justicia no parece ser una preocupación real, ni para los colombianos en general, ni para la mayoría de los que se preparan para ser abogados, especialmente, lo cual condiciona, de entrada, lo que es justo: si tienes con qué pagar empiezas a existir como sujeto de derechos: se puede hacer justicia contigo. No puedes pagar, y que San Miguel Arcángel te tenga de su mano, como dicen las señoras.
La respuesta a lo anterior, también obvia, por parte del Gobierno, es que su propuesta deberá ser reglamentada, una vez sea ley de la República, a través del correspondiente decreto que para el efecto expida el Presidente. Tal reglamentación -se ha anunciado- consistirá en el establecimiento de ciertas condiciones especialísimas para que un abogado pueda hacer de juzgador, relativas al alto nivel sus circunstancias personales y profesionales, que no desdigan de la responsabilidad que se le pretende asignar.
No sé…, me quedan dudas: ¿cómo se va a determinar eso, lo que hace a un advocatus bueno, y a otro, malo?; ¿existirá suficiente objetividad para permitir que sean investidos de la facultad de decir el derecho solamente los que sí son, los buenos profesionales, los hombres rectos?; y así, ¿no será que se logran colar algunos eminentes juristas que no reúnen tales requisitos -tanto badulaque con licencia para estafar que uno ve por ahí, en cada esquina, estudiando la etiqueta de una cerveza-, así como se burla casi siempre cada nueva norma en Colombia?
Habrá que ver si esto se hace ley, y entonces, si se reglamenta bien. Pero a mí esta idea, un tanto desesperada, no me gusta. Pienso que, en aras de mejorar la calidad -y no solo la celeridad- de la administración de justicia, debería trabajarse más en poner en cintura a las facultades y escuelas de Derecho, a ver si así estas dejan de regalar los diplomas a cada personaje que cree que puede ser abogado por el simple hecho de que desconoce los deberes que tal título implica para con los demás, y, sobre todo, para consigo mismo.