Descentralizar…hacer llegar servicios a los casi mil municipios de la periferia

Estamos hablando del casi 90% de los municipios del país, es decir, de su inmensa mayoría…y precisamente por eso, es que acertadamente el profesor Augusto Hernández Becerra afirma: “la problemática de nuestro país se resume en una sola palabra: pobreza (…) el artículo 366 de la Carta establece una noción de pobreza. Consiste en la carencia de aquellos servicios que son indispensables para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas (NBI), condiciones mínimas de existencia o supervivencia biológica y digna. Dichos servicios esenciales son salud, educación, agua potable y saneamiento ambiental (…) Sin descentralización es absolutamente imposible hacer llegar esos servicios a sus destinatarios en todos los puntos de la dilatada y accidentada geografía colombiana donde están localizados o asentados”.

“La descentralización territorial desempeña un papel claramente definido frente a los propósitos de desarrollo sociales a los cuales se acogió la Constitución Política de 1991, y es así como en función de ella quedó inscrito en la Constitución un virtual plan de desarrollo para el país (…) En este sentido la política constitucional de descentralización establece que las autoridades locales deben estar en condiciones de satisfacer autónomamente las necesidades de las comunidades que gobiernan”. 

Proceso que ha quedado a medio camino porque se descentralizan las competencias, pero no los recursos, so pretexto de la corrupción…argumentación que esconde la verdadera razón: “la trama de intereses creados a la sombra de la cultura centralista (…) Por supuesto, la descentralización no está exenta de corrupción. De hecho, en principio parecería que lo que favorece es la corrupción misma. Sin embargo, crea condiciones más propicias que el centralismo para el saneamiento de la administración pública, pues además de romper la racionalidad del stato quo, (…) son más controlables las pequeñas administraciones, más penetrables por las veedurías ciudadanas, más pequeños los robos, y más débiles los actores”, señala Hernández Becerra.

De manera que, fortaleciendo la institucionalidad municipal en estos territorios de la nación, que son su inmensa mayoría, podremos pasar, al fin, la página… e iniciar el tránsito hacia una Colombia que propenda por el mejoramiento del nivel y calidad de vida no solo del Centro de su territorio sino también de su enorme periferia. 

Y sin mencionar la Colombia sin municipio, la extrema periferia…entre quienes se destacan las diecinueve (19) áreas no municipalizadas-ANM que se encuentran ubicadas en los departamentos de Amazonas (9), Guainía (7) y Vaupés (3) y que representan el 93%, 78% y 45% de la extensión de cada uno de estos departamentos respectivamente, es decir, la casi totalidad de los departamentos de Amazonas y Guainía y la mitad del departamento de Vaupés…enormes extensiones de territorio sin institucionalidad, donde la mejor manera de que satisfagan sus necesidades básicas es dándoles la oportunidad de acceder a servicios esenciales a través de la institucionalidad, vale decir, otorgándoles el estatus jurídico de municipio de régimen especial o de entidad territorial indígena-Etis, tal como ocurrió con el área no municipalizada-ANM de barrancominas ubicada en el departamento del Guainía, erigida, en el año 2019, en el municipio 1.103 de nuestra patria.

Cualquier otra manera de llevar la institucionalidad a estos territorios, distinta al fortalecimiento local y a conceder estatus jurídico, a mi juicio, son variedades de asistencialismo que perpetúan la dependencia y el abandono, y por lo tanto, socavan la libertad y el derecho de las pequeñas comunidades a autoorganizarse. Proceso de descentralización, que como todo cambio, debe hacerse gradual, con proyectos piloto, mecanismos de control, sistema de seguimiento y metas de corto, mediano y largo plazo, a fin de iniciar la transición y consolidar en el largo plazo los fines de autonomía y desarrollo en estos territorios, que no hemos conseguido en más de doscientos años de vida institucional.