Además de Mario Alejandro Reyes Galvis, el ente de control disciplinario también formuló cargos contra seis exconcejales del municipio por su presunta participación en los hechos ocurridos durante 2023.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exalcalde de La Victoria, Valle del Cauca, Mario Alejandro Reyes Galvis, por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido al modificar la planta de personal de la administración municipal durante la vigencia 2023.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago, el exmandatario local, quien ejerció funciones entre 2020 y 2023, habría actualizado la tabla salarial para los diferentes empleos del nivel central de la Alcaldía sin contar con los estudios técnicos requeridos para sustentar dicha reforma administrativa.
Según el organismo de control, tampoco se habrían acreditado de manera suficiente las necesidades del servicio ni las razones de modernización que justificaran los cambios implementados en la estructura de personal de la administración municipal.
La actuación disciplinaria señala que estas presuntas irregularidades podrían constituir una vulneración de las normas que regulan la modificación de plantas de personal en las entidades territoriales, lo que motivó la apertura formal del proceso contra el exfuncionario.
Seis exconcejales también fueron vinculados al proceso
La Procuraduría informó que, además del exalcalde, formuló cargos contra los exconcejales Pedro Nel Escalante, Víctor Alfonso García Benítez, Guillermo León Ocampo Ríos, Silvio Alejandro Rebellón Montoya, Álvaro Rojas Escalante y José Otoniel Soto Mejía.
El ente de control considera que los exintegrantes del Concejo Municipal habrían omitido la normatividad que reglamenta este tipo de modificaciones administrativas y, presuntamente, pasaron por alto el incumplimiento de los requisitos legales exigidos para aprobar los cambios promovidos por la administración local.
La investigación disciplinaria busca establecer si los entonces servidores públicos actuaron conforme a sus deberes legales o si incurrieron en omisiones que facilitaron la aprobación de las medidas cuestionadas.
La Procuraduría indicó que la conducta atribuida tanto al exalcalde como a los exconcejales habría vulnerado varios de los principios que rigen la función pública, entre ellos los relacionados con la legalidad, la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio de las funciones administrativas.
Por estos hechos, la conducta fue calificada provisionalmente como una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa, mientras avanza el proceso que determinará las responsabilidades individuales de los investigados.
