Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Hace muchos años recibí clases de derecho constitucional de parte del actual ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, quien ya era famoso entonces tanto por su inteligencia como por su buen carácter. Resultó fácil comprobar que, en su caso, las presunciones eran ciertas. Tal vez por eso me resulta difícil llevarle la contraria (¿cómo contradecir a los que enseñan?), pero, cuando está en juego la cuestión pública, el que calla otorga, y a fe que a este Gobierno nada mal le viene oposición política y ciudadana permanente que lo conecte con la realidad. Digo esto porque las razones que ha esbozado en público el señor ministro para defender la reforma a la justicia criminal que el Gobierno ha presentado se basan en un pretendido humanismo que, por si fuera poco, supuestamente concreta el viejo anhelo de la separación que debe existir entre derecho y moral.
Todo muy bonito. Lo que pasa es que hay un problema: ni la humanización del derecho penal puede consistir en beneficiar antisociales porque sí, ni hay triunfo alguno del derecho respecto del oscurantismo en la renuncia a la persecución criminal a través de una poco científica poda al catálogo de tipificaciones delictuales. En realidad, en el primer escenario lo que hay es simple y llano homenaje a la impunidad, so pretexto de una reconstrucción de la vernácula teoría del delito que se ha hecho atendiendo más a criterios políticos (o ideológicos) que a otra cosa: adiós a la legítima pretensión de pureza del derecho. Y, en el segundo supuesto, lo que ocurre es una derivación de lo anterior, pues, si se redefine lo que entre nosotros puede y debe ser punible, sencillamente hay conductas que, a pesar de su actual capacidad de daño a la vida, honra y bienes de los ciudadanos honestos, solo serán tenidos por trámites policivos, y si nos va bien.
Otro profesor de la universidad, este sí de derecho penal, lo decía con sorna caribeña: había que estudiar el procedimiento con cuidado, ya que si un abogado no estaba preparado, podíamos tener la certeza de que los presos sí que tenían el tiempo, la disposición y hasta la agudeza para entender las diferentes etapas procesales y su significado, cuan inmersos están en su encierro. He podido comprobar que no le faltaba razón, y que, siguiendo esa lógica, es dable anticipar que el hampa esté haciendo fuerza por que estas modificaciones sean aprobadas en el débil Congreso de la República, donde se pupitrea lo que llega para su debate. Así que preparémonos para que, por ejemplo, los delitos de injuria, calumnia, incesto, inasistencia alimentaria, elección ilícita de candidatos, supresión, alteración o suposición del estado civil, o emisión y transferencia ilegal de cheque, se conviertan en anécdotas de miedo en esta sociedad que ha decidido reblandecerse cuando ya era blanda.
El que mejor debe de entender, en el fondo, que este fetiche jurídico a la inversa no solo no traerá la paz que merecen los colombianos, sino que empeorará su convivencia (pero que dará calidad de vida a los criminales), es el propio ministro de Justicia. Aquí lo necesario son más fiscales, jueces, cárceles, fuerza pública, voluntad de hacer cumplir las leyes ya existentes, y no culto a la injusticia.