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Una política de Estado sin Estado

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Tulio Ramos Mancilla

Tulio Ramos Mancilla

Columna: Toma de Posiciones

e-mail: tramosmancilla@hotmail.com

Twitter: @TulioRamosM



Decir que en Colombia la paz es, a la vez, un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento tendría que darnos vergüenza. Que tenga que recordarse en la Constitución Política que la gente tiene derecho a vivir en paz, y que a aquellos que no entiendan esto debe indicárseles que están en la obligación de no perturbar a los demás, es sin dudas un motivo de aflicción, pues ello significa que aquí, en realidad, no pasa ni lo uno ni lo otro espontáneamente; o, dicho de otra forma: aquí no hay paz. Ahora bien, la culpa no es de los autores y aprobadores de ese artículo 22 de la Constitución Política, que en 1991 veían cómo esto se caía a pedazos sin que nadie pudiera hacer nada. La culpa la comparte toda una nación que no ha sabido cómo extirparse los tumores de la violencia, la criminalidad, la corrupción: ese desbarajuste emocional o psiquiátrico que pulula en nuestras calles. 

La redacción de ese artículo 22, que es de jerarquía fundamental, da para todo. Con base en él, el Gobierno de Juan Manuel Santos adelantó un proceso de paz que, como hemos visto, brilla por su mediocridad, a pesar de que muchos apostamos por su éxito en su momento. (¿Nos quedaba de otra?). Y, ahora, este Gobierno, al que parecen generarle picazón las formas jurídicas, so pretexto de la concreción del derecho humano envuelto en el artículo 22 constitucional, la paz, pretende convertir en subterfugio dicho mandato contundente, y, así, confundir a los colombianos con la idea de que, como la paz es un derecho y un deber, estos constituyen, en sí mismos, una política de Estado, lo cual podría aceptarse; sin embargo, el veneno radica en que están intentando redefinir a su conveniencia la noción de política de Estado a través de la ley 2272 de 2022, según la cual la política de paz del Gobierno “[…] vinculará a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a su implementación y cumplimiento. […]”.

O sea que la “paz total” de este Gobierno permitiría casi cualquier cosa, ya que todas las ramas y niveles del poder público deberán actuar para implementarla y cumplirla. He aquí una verdad a medias que faculta al presidente de la República, o al letrado ministro del Interior, para indignarse cuando les llevan la contraria quienes les repiten una y otra vez que las órdenes de captura contra los malandros que atormentan a pueblo colombiano no se pueden revocar alegremente, o cuando los jueces de la República rehúsan otorgar la libertad solicitada a probados delincuentes de la “primera línea”, porque tales acciones irían en contra de la Constitución Política y de las leyes. 

A lo mejor los operadores políticos de este Gobierno no han leído bien su propia ley, o la escribieron escribiendo de más, pues esta, antes de vincular arbitrariamente a todas las ramas del poder público, especialmente a la Judicial, al acatamiento de unas promesas de desjudicialización poco claras, ordena que ello deberá hacerse “[…] cumpliendo con los requisitos constitucionales […]”, como no podía ser de otra forma. En realidad, si no se acata la Constitución, se desnaturaliza cualquier política que se presente como “de Estado”, y solo hablamos de más politiquería de coyuntura. Lo habitual.