El Estado de la gente

Y está muy bien que esto sea así. Cómo no. Sin embargo, y concretamente hablando de nuestro país, hay que tener presente que desde hace al menos dos décadas estamos los colombianos comprometidos con una modificación del modelo estatal que nos ayude a mejorar la situación del país en tanto que sociedad, buscando la concreción de la justicia, de la igualdad, de la cohesión social que, paradójicamente, tanto cacarean algunos políticos que se valen de esto para, finalmente, no hacer nada que en realidad ayude a superar las diferencias socio-económicas que hacen de este un pueblo fragmentado.

Me refiero, claro está, al establecimiento de aquel marco jurídico-político que, teórica y prácticamente, va más allá del simple acatamiento de la ley: el Estado Social de Derecho.

Según esta concepción, entonces, ya no basta con que existan leyes y más leyes que sustancien a nuestro ordenamiento jurídico, aún bajo el ambicioso supuesto de que las mismas se cumplan, pues ha de entenderse, concienzudamente, que la legitimidad de las normas jurídicas está dada en la medida de la correspondencia que tales manifiesten respecto de la vida social, es decir, en relación con las inexorables necesidades de la gente.

Recordemos que la sola existencia de normatividades no quiere decir nada en sí misma, ni garantiza nada en principio, pues bien podría tratarse, como, en efecto, se trata en muchos casos, de regulaciones que obedecen a los intereses de la clase social dominante, ¿no es verdad? Pues recordemos, también, el nivel de captura de muchos de los que hacen las leyes de la República.

Ahora bien, al declarar la Constitución Política de 1991 que Colombia es un Estado Social de Derecho, la hechura de las leyes ha quedado bonitamente supeditada a la vocación social que las mismas deberán tener en relación con el servicio a la comunidad y a la promoción de la prosperidad general, tal y como la misma Carta de Derechos lo establece. Esto, que parece puro cuento, se vuelve realidad cuando los gobiernos, nacional, o locales, toman la iniciativa en la materialización de las ideas de progreso social.

Como ejemplo de esto traigo al distrito de Bogotá, que en este 2011 que se acaba expidió, socializó y ejecutó una directiva para que todas casi todas sus entidades (más de 80), empezaran a incluir en los estudios previos, o en los anexos técnicos, de sus procesos contractuales o convencionales, según el caso, ciertas obligaciones para los proponentes o asociados que deseen participar en ellos, de tal forma que, como condición para hacerse parte en la selección pública, aquellos tengan que vincular a poblaciones vulnerables de la capital que, además, hayan sido formadas por el mismo Distrito en competencias para el trabajo y el desarrollo humano.

Es decir, en este caso emblemático -si los hay- se hizo cierto aquello de que no basta con que el Estado haga lo básico, que es lo que, al entender de muchos mezquinos sociales, es lo que tiene que hacer apenas. No, en un Estado social de derecho se deben ejecutar acciones como esta a que me refiero, que propician el paso de un quietismo pernicioso y leguleyo hacia la transformación efectiva de la injusta realidad.

En el evento referido se trató de una acción afirmativa (creación de los gringos en los sesenta -¿Kennedy, Johnson?-, reconocida por nuestra Corte Constitucional), que bien puede tratarse de un hecho aislado exitoso, pero del que quiero pensar que es el germen, el ejemplo, para que, en lo sucesivo, los gobiernos territoriales, y el propio Gobierno, dejen de "estar" nada más, y se dediquen a crear las condiciones de la verdadera igualdad, pues es eso lo que deben hacer, eso es lo que esta desequilibrada y partida Colombia necesita con urgencia.