El pasado 30 de diciembre la mayoría del Concejo de la ciudad aprobó el proyecto de Acuerdo 027, mediante el cual, se autorizó a la alcaldesa para comprometer vigencias futuras durante treinta años por valor de $1.689.254.153.029, con el objeto de financiar la construcción del acueducto El Curval. No obstante que, la solución de la crisis del agua es una prioridad para la ciudad, y es destacable que la entidad territorial presente una propuesta para este fin, ante los válidos cuestionamientos expuestos por parte de diferentes sectores de la ciudadanía en relación con aspectos técnicos, financieros y de trámite del mencionado acuerdo, es necesario despejar todas las dudas y se brinden todas las garantías para que esta importante inversión tenga éxito.
Una de las dudas que debe aclarar el Gobierno Distrital es ¿por qué la totalidad de la financiación para la solución de la crisis debe salir de los recursos propios de la ciudad? Santa Marta, no es una ciudad a la que le sobren los recursos para inversión, todo lo contrario, es una ciudad que por la limitación de estos, se encuentra en mora de atender aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población y la competitividad de sus sectores. La solución del agua, no es solo una inversión para los samarios, es una inversión para impulsar la calidad de uno de los principales destinos turísticos del país, sector estratégico en que el actual Gobierno Nacional centrará la transición de la generación de riqueza con hidrocarburos hacia una fuente de divisas con bajo impacto negativo. De ahí que, no se entiende por qué el Distrito -como otras entidades han apalancado sus grandes proyectos-, no gestiona el apoyo del Gobierno Nacional, el que se supone, además, es su aliado político.
Relacionado con la financiación, preocupa también, que no se haya definido el mecanismo mediante el cual se desarrollará la gestión financiera de los recursos. Pese a que se dejaron abiertas las opciones de Findeter, banca privada o Asociación Público Privada (APP); el plazo de 30 años -vigencias futuras autorizadas (2023-2052)-, puede ser una dificultad para contratar un empréstito con Findeter o la banca privada, la cuales, acostumbran a ofrecer no más de 15 años como plazo máximo para pago de préstamos. Así, el camino que quedaría es la APP, modalidad de concesión de la que tanto han despotricado los gobiernos del “cambio”. Una concesión, implicaría costos financieros más altos y mayores riesgos en el manejo de la ejecución de la obra, como puede referenciar el caso de la concesión del mercado público, cuyo litigio fue solucionado 16 años después.
El Gobierno Distrital, también debe confirmarle a la ciudad si la alternativa seleccionada cuenta o no, con visto bueno de la interventoría. Esta inquietud fue planteada en comunicación pública por la veeduría Agua-Santa Marta, sin que hasta la fecha haya tenido respuesta. Dado el impacto del proyecto y el monto de la inversión, se justifica que distintos sectores de la ciudad reclamen certezas en los estudios desarrollados y en los criterios considerados para la selección de la alternativa. En esta etapa, es importante no solo que se resuelvan las dudas sino que se amplíe el espacio para que participen distintos estamentos de la ciudad en la revisión de la información disponible.
Mucho tiempo ha esperado la ciudad por una solución definitiva para la crisis del agua, pero esto no es excusa para que se tomen decisiones ligeras que pueden poner en riesgo las finanzas del Distrito, afectar el bolsillo de los samarios y/o la sostenibilidad de la ejecución y operación de una obra determinante para el desarrollo y competitividad del territorio.
La manera atropellada como se ha tramitado este proyecto, hace pensar que no todo está tan claro ni es tan conveniente como lo quieren presentar. Como en el cuento de Caperucita, se tiene la impresión que se asoman unas orejas debajo de la cobija y que podrían ser del mismo lobo que ha estado detrás de proyectos ampliamente conocidos en la ciudad por su fracaso. Esperemos que los entes de control, al ver las orejas asomadas, cumplan con su función y analicen a tiempo, si la solución y los procedimientos utilizados para su definición y aprobación, son lo más convenientes para Santa Marta.