La directora del Dadsa advirtió sobre el impacto de la captación ilegal de agua en la ciudad y anunció mayores controles a establecimientos que incumplen la normativa ambiental.
La lucha contra la captación ilegal de agua y el control de la contaminación por ruido continúan siendo dos de los principales desafíos ambientales de Santa Marta. Así lo expresó la directora del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, DADSA, Paola Gómez, durante una visita realizada a las instalaciones de ELINFORMADOR, donde socializó los avances, estrategias y preocupaciones que actualmente enfrenta la autoridad ambiental del Distrito.
Durante el encuentro, la funcionaria explicó que la entidad ha fortalecido los operativos de vigilancia y control sobre establecimientos comerciales y predios donde se han detectado irregularidades relacionadas con la explotación de aguas subterráneas, una práctica que, según señaló, afecta directamente la sostenibilidad del recurso hídrico y compromete el abastecimiento para la ciudadanía.
“Si tú tienes en tu casa o en tu negocio un pozo que no ha sido reportado, le estás quitando agua a toda Santa Marta, porque es un recurso que debe estar disponible para todos”, afirmó Gómez.
La directora indicó que uno de los principales hallazgos durante las inspecciones realizadas por el DADSA corresponde a la existencia de pozos construidos y operados sin autorización ambiental, especialmente en establecimientos comerciales que utilizan grandes volúmenes de agua para sus actividades productivas.
Según explicó, cuando un pozo funciona sin supervisión técnica, se pone en riesgo el equilibrio natural de los acuíferos y se acelera la intrusión de agua salada, fenómeno conocido como cuña salina, que puede afectar la calidad y disponibilidad del recurso.
“Cuando se abre un pozo sin permisos se utiliza sin ningún control. No se respetan los tiempos de recarga natural del acuífero y eso termina generando daños ambientales que afectan a toda la ciudad”, señaló.
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Controles a establecimientos y defensa de la legalidad
La directora recordó que desde 2024 el DADSA ha venido desarrollando operativos en lavaderos de vehículos y otros negocios donde se identificó el uso de aguas subterráneas sin los permisos correspondientes. Durante 2026, las acciones se han extendido a empresas dedicadas al envasado y comercialización de agua.
Gómez explicó que en varios de estos casos no solo se encontraron irregularidades ambientales, sino también posibles incumplimientos sanitarios relacionados con la producción de agua para consumo humano.
“Nosotros entramos con la competencia ambiental, que es la captación del agua. Pero cuando encontramos situaciones que pueden representar riesgos para la salud pública, también debemos actuar y ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes”, manifestó.
La funcionaria fue enfática en señalar que los cierres preventivos obedecen al incumplimiento de la normatividad y no a decisiones arbitrarias.
“El desconocimiento de la norma no significa que se pueda incumplir. Las personas deben acercarse a la autoridad ambiental, legalizar sus pozos y cumplir con todos los requisitos establecidos”, sostuvo.
Asimismo, invitó a los ciudadanos a denunciar posibles captaciones ilegales y recordó que el recurso hídrico es un patrimonio colectivo cuya protección requiere la participación de toda la comunidad.
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Ruido: entre la pedagogía y las sanciones
Otro de los temas abordados durante la visita fue la problemática de la contaminación auditiva, una situación que genera constantes quejas ciudadanas en diferentes sectores de Santa Marta.
La directora reconoció que el ruido excesivo se ha convertido en uno de los factores que más afecta la convivencia en los barrios y aseguró que la solución requiere tanto acciones de control como procesos permanentes de educación ambiental.
“Todos tenemos derechos. Algunos quieren disfrutar de la música y otros buscan tranquilidad. La convivencia comienza cuando entendemos dónde terminan nuestros derechos y empiezan los de los demás”, expresó.
Gómez explicó que desde el año 2024 el DADSA ha desarrollado campañas pedagógicas en instituciones educativas para fomentar una cultura de respeto por el entorno sonoro y promover hábitos responsables entre niños y jóvenes.
Sin embargo, aseguró que algunos establecimientos comerciales han hecho caso omiso de las recomendaciones y ahora enfrentarán medidas más estrictas.
“Tuvimos un largo proceso de pedagogía. Hay comerciantes que entendieron y corrigieron, pero otros no. Con esos establecimientos vamos a actuar en compañía de la Policía y aplicaremos las medidas correspondientes, incluyendo cierres cuando sea necesario”, advirtió.
La entidad realiza mediciones técnicas para verificar los niveles de ruido y vigila especialmente la instalación de parlantes o bafles orientados hacia la vía pública, una práctica que incrementa significativamente la afectación a las comunidades vecinas.
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Competencias limitadas en viviendas
Frente a las frecuentes denuncias por fiestas y equipos de sonido a alto volumen en viviendas particulares, Gómez aclaró que la autoridad ambiental tiene restricciones legales para intervenir directamente dentro de los hogares.
En estos casos, el DADSA realiza acompañamientos técnicos mediante mediciones sonoras, mientras que las actuaciones sancionatorias corresponden principalmente a la Policía Metropolitana y a la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
“Lamentablemente no tenemos competencia para aplicar medidas como la incautación de equipos dentro de las viviendas. Nuestra labor es brindar el soporte técnico para que las autoridades competentes puedan actuar”, explicó.
La directora concluyó señalando que el fortalecimiento de la gestión ambiental en Santa Marta depende no solo de las acciones institucionales, sino también del compromiso ciudadano con la legalidad, la protección de los recursos naturales y el respeto por las normas de convivencia.
