El Concejo de la ciudad otorgó facultes a la alcaldesa Virna Johnson para suscribir un nuevo endeudamiento del Distrito por valor de $ 80 mil millones de pesos. Según el Proyecto de Acuerdo 010, mediante el cual se gestionaron estas facultades, dicha inversión se destinará a la construcción de los colectores de alcantarillado sanitario Ebar Norte y de Pescaíto, la atención de la erosión costera en Playa Salguero y la rehabilitación de la malla vial de El Rodadero. No obstante, las obras priorizadas son importantes para la ciudad, la noticia del endeudamiento en manos de este Gobierno, en lugar de tranquilizar a los samarios, ha generado no solo preocupación frente a la calidad de la estructuración y ejecución de estas, sino desconfianza por la “diligencia” del Concejo Distrital para tramitar la solicitud de la Alcaldía. Lo que a la ciudad le tomará 10 años pagar, a los cabildantes les tomó escasos 10 minutos en aprobar.
Las preocupaciones de la ciudadanía no son infundadas ante la incompetencia técnico-administrativa y el desgreño de recursos públicos, que han demostrado los gobiernos del “Cambio” en procesos de contratación y ejecución de obras, como la Megabiblioteca, ejecutada con sobrecostos por más de $30 mil millones y con 7 de años de retrasos en su entrega; o el estadio Sierra Nevada, al que además de sobrecostos por más de $16 mil millones, se le cuestionan la deficiente calidad de obra y el retraso en su entrega. Como éstas, puede mencionarse una larga lista de obras que han causado un severo detrimento al erario. El perjuicio para esta ciudad, necesitada de recursos para solucionar graves problemas de toda índole, ha sido profundo. Todo esto, ante el silencio cómplice de los entes de control, quienes han hecho de la impunidad, lo único imparable en esta ciudad.
Razón tampoco les falta a los samarios para desconfiar de la prontitud con que el Concejo aprobó el endeudamiento del Distrito. Los concejos municipales, son corporaciones encargadas de velar por el bienestar de la población. Según el artículo 312 de la Constitución Política, sus funciones son de dos tipos: a) administrativo, las cuales, ejercen mediante el estudio, debate, modificación, presentación y aprobación de Proyectos de Acuerdo; y b) de control político, dirigida a limitar el poder de las autoridades municipales y a garantizar el ejercicio del poder y la administración pública de una manera transparente. Dada sus competencias, a estas corporaciones se les considera un ente coadministrador de los municipios y Distritos, y por tanto, corresponsables de la gestión de estos.
Los concejales deben desempeñar sus funciones al servicio de los intereses de la ciudadanía, sin embargo, este no ha sido el caso en Santa Marta. El Concejo Distrital, se ha caracterizado por estar compuesto, en su gran mayoría, de cabildantes preocupados más por obtener favores de la administración, que en participar de manera eficaz en la gestión de soluciones para los principales problemas de la ciudad. La agenda política de estos, es incompatible con los intereses de los samarios.
Dado que la existencia de estas corporaciones se basa en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que afectan sus intereses, es momento que los samarios exijan al Concejo Distrital, rendir cuentas sobre la ineficacia de su ejercicio de control político-administrativo frente al desgreño financiero de la ciudad y la falta de soluciones a sus principales problemas.
Existe una alta probabilidad, por no decir certeza, que el sobrecosto de muchas obras sea fuente de financiación de campañas políticas. Bien es conocido por todos, que en los últimos años estas se han hecho tan onerosas, que solo quienes ostentan el poder político, son capaces de costearlas.
Así, no es de extrañar que producto de la “diligente” aprobación del Acuerdo 010 por parte del Concejo Distrital, los samarios hayan sido condenados a observar con impotencia la avalancha de contratos del último año del periodo de Gobierno, de los cuales, probablemente solo quedará registro de la inauguración de la valla y/o el evento de colocación de la primera piedra. La ciudadanía no estaría en esta incertidumbre, de no ser por las deficientes decisiones del Cabildo. Concejales: ¿si el niño que es llorón, para qué la mamá que lo pellizca?