Escrito por:
Oscar Pérez Palomino
Columna: Opinión
e-mail: oscaralejandroperezpalomino@gmail.com
twitter: @OalejandroPP
La propuesta de reforma tributaria presentada por el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, según lo señala el editorial de El Espectador, es bien intencionada, pero necesita ajustes, pues tiene varios aciertos y el clamor del sector empresarial debe ser escuchado; así mismo, es un buen paso para mejorar la equidad y progresividad del estatuto tributario, aunque se queda corta en explicar en qué se van a gastar los recursos, en un país acostumbrado a la corrupción afirman analistas.
El principal acierto de la reforma es que busca un sistema progresivo donde cada quien aporta según sus posibilidades, para contrarrestar el sistema regresivo actual donde quien más gana menos paga; en efecto, el aumento al impuesto de renta de las personas con ingresos superiores a 10 millones de pesos y el impuesto a patrimonios mayores de 3.000 millones busca que quienes más tienen más tributen.
De esta manera, cerca de una tercera parte ($8.1 billones) de lo que se recaudaría llegaría por esta vía, $5.5 billones por renta y $2.6 billones por patrimonio; mientras que las otras cargas serían asumidas, una por las empresas, que contribuirían con unos $5.1 billones, y la otra, provendrían por “recursos del uso del subsuelo”, las cuales ascenderían a $7 billones. Estos tres rubros representan el 80% de la propuesta de reforma.
En el diagnóstico de la reforma se afirma que “el recaudo por concepto del Impuesto de Renta de Personas Naturales (IRPN) en Colombia es el más bajo entre una muestra de 36 países de economías avanzadas y de otras economías de la región.
En 2020, los ingresos provenientes del IRPN en el país ascendieron a 1,3% del PIB, inferior al recaudo de otros países de Latinoamérica como México (3,8%), Chile (2,0%), Costa Rica (1,5%) y al promedio de la OCDE (8,0%). Este resultado se explica en parte por las excesivas deducciones y rentas exentas, [las cuales la presente propuesta pretende disminuir]. (…) las cuales benefician especialmente a los contribuyentes de mayores ingresos. (…) En un país con tantas necesidades de gasto, el bajo recaudo del IRPN conlleva a que la estructura tributaria del país se soporte principalmente sobre las empresas e impuestos indirectos, afectando la progresividad del sistema”. Esa es la razón por la cual en esta propuesta de reforma es mayor la proporción de la carga sobre las personas que sobre las empresas para hacer más equitativo el sistema.
El segundo acierto es que es un buen paso para mejorar la equidad, dado el contexto de pobreza, inseguridad alimentaria y desigualdad que enfrenta nuestra nación. Según la CEPAL, en 2021, la pobreza extrema en Colombia (12,2%) fue mayor a la observada en algunas economías de la región como Ecuador (10,5%), Costa Rica (6,3%), Perú (4,1%) y Paraguay (3,9%); respecto de la inseguridad alimentaria, el Instituto Nacional de Salud, señala, que en Colombia, entre los meses de enero y febrero de 2022, se presentaron 3.156 casos de desnutrición en niños, reflejando un aumento de 42% frente a los casos registrados en el mismo periodo de 2021 (2.224).
Asimismo, a julio de 2022, las muertes por desnutrición en Colombia en niños menores a cinco años ascendieron a 184, aumentando en 44% frente al registro con corte al mismo mes del año pasado; y, en cuanto a la desigualdad, Colombia se ha caracterizado por contar con elevados y persistentes niveles de desigualdad de ingresos. El coeficiente de Gini se ha ubicado sistemáticamente por encima de 0,50, cifra que ubica al país entre el 10% de países más desiguales del mundo, por encima de Brasil, México, Chile y Argentina.
Finalmente, respecto de los ajustes, los analistas lamentan que no se haya incluido nada sobre el IVA, dado que algunos bienes que hoy tienen una tarifa del 5% pueden pasar a tributar el 19%, y que no se haya disminuido la tarifa general en el impuesto a la renta para las personas jurídicas; consideran que a la reforma le sobra el tema de los impuestos saludables y el de gravar pensiones, pues tienen muy poco impacto en el recaudo y generaron mucho ruido; y por último el impuesto al carbón sin tener aún un plan de transición energética claro.