El nuevo Congreso colombiano enfrenta nuevos retos, teniendo en cuenta la ambiciosa agenda del presidente electo Gustavo Petro, empero para el presente artículo me interesa reflexionar sobre unos mínimos que como votante exigiría de nuestros representantes en la corporación legislativa (Senado y Cámara de Representantes) en los siguientes asuntos:
a) Apoyar la agenda legislativa prioritaria del presidente electo, evitando obstruccionismo doloso, con el único propósito de dilatar los tiempos y generar en la ciudadanía la sensación de que estamos ante un gobierno con ineficacia y con serios problemas de ejecución (Aunque el gobierno entra con amplias mayorías es mejor advertir).Ahora bien, este pedimento de raigambre popular no es una invitación a renunciar al papel de primera línea en el control político de acuerdo con el artículo 315 de la Carta, la Ley 5 de 1992 y las demás normas concordantes.
En estas cosas el justo medio aristotélico es un punto de equilibrio necesario, ni el extremo del obstruccionismo irracional, ni la genuflexión extrema donde la función legislativa se desdibuja a merced de unos legisladores sometidos a la imperiosa voluntad del ejecutivo.
b) Estudiar con responsabilidad los temas puestos a consideración, respetando los procedimientos y reglas de deliberación contenido en la ley 5 de 1992 y en las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional en su función de interprete de la norma fundamental. Al parecer y en estas cosas las bancadas costeñas tienen banderas rodeándose de UTL(Asesores) carentes de rigor y estudio, hecho que se refleja en las nulas o escasas intervenciones de nuestros legisladores en temas medulares para la región caribe, tal como se recordara el famoso debate de Electricaribe donde prácticamente el caldense Jorge Enrique Robledo dirigió toda la batuta sin que los departamentos nuestros se pronunciaran en este problema de los servicios públicos domiciliarios de nunca acabar.
En esa línea también se volvió práctica común del legislativo adelantar tramites legislativo por la vía inadecuada (Ley ordinaria, siendo estatutaria) o irrespetando los principios de consecutividad, identidad, y unidad de Materia(“micos”) los cuales según el alto tribunal constitucional “adquieren importancia, pues a través de ellos se garantiza el principio democrático, es decir, que las normas sean fruto del principio democrático y deliberativo del Congreso de la República. Solo con un estricto apego a los principios del trámite parlamentario se garantiza que todas las normas cuenten con el apoyo mayoritario de los órganos representativos” Sentencia C-487/20, Corte Constitucional Colombiana.
Esa malsana costumbre la presenciamos en recientemente en el caso de la Ley de Garantías, donde de pudimos apreciar en palabras de la Corte una “elusión” del Control de Constitucionalidad en punto a las directrices del artículo 152 de la Constitución utilizando un trámite inadecuado para materializar la ejecución de cantidades exorbitantes de recursos públicos en clara complicidad con el ejecutivo de turno entre quienes construyeron unas argumentaciones jurídicas de corte cantinflesco luego del trinquete que bien les salió por lo tardío del pronunciamiento de la Corte.
C)Exigirles a las nuevas mayorías que por favor respeten la oposición política dentro del recinto del congreso. El texto constitucional en el artículo 112 toma en consideración el realce de esta prenda tan cara a la democracia, al deferir (como compromiso del acuerdo de paz) a una ley estatutaria el desarrollo de un estatuto de oposición hoy consignado en la ley 1909 de 2018 por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes.
Quienes desde la provincia ejercemos el sencillo, pero transcendental papel de ciudadanos debemos comprender la importancia de preservar tan importante institución para la democracia, que Jorge Eliecer Gaitán llamara “la fuerza equilibrante de la democracia”