El fallo de la Corte Constitucional (C.C) despenalizando el aborto hasta las veinticuatro semanas de gestación ha recibido el rechazo de la mayoría de los colombianos y desde todos los sectores de la sociedad.
El sentimiento generalizado es que dicha corte carece de competencia para resolver un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano. El congreso es un mecanismo alternativo que debería ser utilizado solo si el referendo no es posible. En estos temas se requiere que el pueblo soberano exprese directamente y sin intermediarios su querer. En lo personal, creo que solo a Dios le corresponde decidir sobre la vida.
Adicionalmente, la C.C carece de competencia porque la conformación actual no es representativa de la sociedad colombiana ni de sus valores. La mayoría de la sociedad colombiana es cristiana, entonces la mayoría de los miembros de la C.C. deberían serlo también. No es aceptable que cinco ateos quieran someter a una nación cristiana.
Si bien las mujeres deciden sobre su propio cuerpo y además tienen derecho a decidir exclusivamente sobre la procreación, los derechos de unos terminan donde comienzan los de los otros. El derecho absoluto y exclusivo de la mujer a decidir sobre sí misma y su procreación, termina en el momento en que voluntariamente consiente a una relación sexual. Si no quería quedar preñada, ha debido tomar todos los pasos para evitarlo antes de. El estado de gravidez es la génesis de derechos ajenos que deben ser tutelados por el estado y las leyes. ¿Cuáles derechos? El del amante, el del ser que lleva en el vientre y el de la sociedad en general.
No tiene lógica que la falta de responsabilidad de una persona y su deseo de no asumir las consecuencias de sus actos condenen a muerte a un ser humano inocente. No hay sentencia sobre la tierra que pueda obligar al estado a garantizar el derecho al aborto. Primero, porque no se puede violentar la objeción de conciencia –derecho fundamental- a las que tienen derecho los médicos y el personal de la salud; y segundo, porque no se puede a la fuerza obligar a una sociedad a ser cómplice de un asesinato. Digo cómplice porque se utilizan los recursos comunes, los impuestos de todos los ciudadanos para cometer lo que es considerado un asesinato conforme a los valores y tradiciones de la abrumadora mayoría de la sociedad colombiana.
Para los que no somos observadores desprevenidos, vemos claramente que lo que está en curso es la aplicación del manual de Saul Alinksky al contexto colombiano. Alinsky teorizó que el estadounidense nunca aceptaría el socialismo y que la única forma de que esto sucediera era presentándolo como un catálogo de derechos y libertades. Bajo esta formulación, no se le dice a las mujeres y a la sociedad que el aborto es homicidio sino un derecho reproductivo inalienable.
Si el socialismo es capaz de convencer a la sociedad, incluso valiéndose de instrumentos institucionales como la C.C, de que el asesinato más abominable que puede darse en la naturaleza es un derecho individual, esa sociedad es capaz de cualquier cosa. Normalizar la cultura de la muerte, comenzando por las madres gestantes, abre la puerta a utilizar el mismo mecanismo para lograr otros objetivos ideológicos. Nadie está a salvo.
Es preocupante la enorme contradicción y confusión entre quienes enarbolan las banderas del activismo pro aborto. Les duele la vida de los animalitos, hablan de calentamiento global y protección de ecosistemas, pero celebran a rabiar el asesinato del ser más inocente por su propia madre.
Miremos quienes son los apóstoles de la muerte entre los que aspiran a ser presidentes. Bajo el disfraz de progresismo, aplauden la sentencia de la C.C, quieren legalizar las drogas y hacen todo lo posible por debilitar los valores y la voluntad del pueblo colombiano con el único propósito de esclavizarlo.