Año tres de la pandemia

Debido a que experimentamos de nuevo un ciclo electoral, se me ocurrió que podría escribir la última columna de 2021 acerca del reiterado e impune incumplimiento de la ley 1475 de 2011, relativa a la organización y funcionamiento de los partidos políticos; por cuanto últimamente ha sido evidente que, a pesar de las estipulaciones estatutarias que en este y en otro partido dan visos de desarrollarla, lo cierto es que el personalismo (o caudillismo, con todas las letras) de los partidos y movimientos políticos deja en nada la expectativa que creó en su momento la enunciación de los principios de participación, igualdad, pluralismo y transparencia, entre otros, cuando la promulgación de aquella normativa. Lo real es que algunas colectividades parecen tener señor y dueño, y que, merced a tal impresentable manera de organizarse, pretenden izar la bandera de la democracia.

Pues los partidos políticos no podrían captar apoyos, es decir, sumar y sumar líderes de todas las categorías, y gente, sobre todo gente de a pie, sin proclamarse democráticos. Cosa distinta es que en verdad lo sean. Así, en el Centro Democrático se declara como candidato a la Presidencia de la República al que antes ha ungido Álvaro Uribe (¿encuesta?, ¿cuál encuesta?); en el Partido Liberal (¿todavía carece de candidato presidencial?), se hace la lista para el Congreso de la República como mejor le suena a César Gaviria; en el Nuevo Liberalismo, los hermanos Galán invitan a Rodrigo Lara a unírseles, eso sí como escudero, porque la candidatura presidencial ya tiene nombre. Y etcétera. Ni hablar de las coaliciones: en el Pacto Histórico, Francia Márquez sugiere autoritarismo de Gustavo Petro en relación con la elaboración de la lista de la alianza al Congreso, lo que a lo mejor ve como su exclusión anticipada de la carrera presidencial por parte del hombre fuerte de Colombia Humana.

También pensé que cabía hablar aquí de la ley de seguridad ciudadana que está pendiente de sanción presidencial, en lo relativo al aparte de la legítima defensa privilegiada, según el cual deberá presumirse que el que se defienda de un ingreso violento de otro, en su casa o vehículo (o cuando se trate de la invasión a uno de esos bienes, pero de terceros), usando de fuerza letal para ello, lo ha hecho en legítima defensa. Entonces, la carga de probar que esa hipotética persona no estaba defendiendo legítimamente un derecho propio o ajeno quedará en el Estado, y tal vez en el presunto irruptor, quien deberá demostrar judicialmente, por ejemplo, qué hacía en esa casa de habitación, o en ese vehículo ajeno, en el momento en que le fue aplicada la fuerza letal. Se ha dicho lo obvio, o sea, que con esta posibilidad se limita la protesta social, o incluso que con ella se incentiva el paramilitarismo; pero, hombre, ¡algo tenía que hacer por fin el Gobierno ante tanta inseguridad!

Ambos temas son muy interesantes. No obstante, la realidad es que, aunque nos podemos distraer del chantaje del virus por un rato, este sigue ahí, avanzando en silencio, indiferente a los ataques científicos, adaptándose. Entraremos ya casi al tercer año de esta calamidad, agotados y presas de una inflación global amenazante. Como dicen los más jóvenes: éramos felices y no lo sabíamos.

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