El artículo 328 de la Constitución Política de Colombia, definió a Santa Marta, como un Distrito Turístico, Cultural e Histórico. De acuerdo con la Ley 1617 de 2013, los distritos son entidades territoriales organizadas, que se encuentran sujetos a un régimen especial, en virtud del cual, gozan de facultades especiales y criterios diferentes de los aplicados al resto de los municipios.
Esta denominación le proporcionó a Santa Marta, además de ventajas para su gestión administrativa y financiera, la posibilidad de destacar en el nivel nacional las cualidades turísticas de su oferta. Tal es el caso del Centro Histórico, cuyos atributos patrimoniales fueron un determinante para que desde el año 2000, se iniciara la estructuración del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), un instrumento de planificación, a través del cual impulsar la recuperación y revitalización de dicha zona.
El PEMP, contó con un decidido respaldo de sectores públicos y privados locales en conjunto, hecho fundamental para fortalecer la gestión ante el nivel nacional y obtener así, el apoyo técnico y financiero de la Vicepresidencia de la República y del Ministerio de Cultura. Dicho ministerio, invirtió más de 20 mil millones de pesos para la recuperación de 88 mil metros cuadrados de espacio público, entregados en el año 2009.
Esta obra, producto de un esfuerzo colectivo de orden local y nacional, le significó a Santa Marta, la reactivación de un importante sector social, comercial y turístico, que condujo a la atracción de inversión privada nacional e internacional, generación de empleo, valorización del suelo, fortalecimiento de la oferta de atractivos turísticos, entre otros positivos aspectos.
Pasados doce años desde la entrega de las obras, el deterioro del Centro Histórico, es hoy, impresentable. Además de la falta de atención por parte del Distrito para su mantenimiento y conservación, el Centro Histórico, ha sido sometido durante los últimos años a cambios lesivos que incluyen desde la transformación de fachadas hasta demoliciones de inmuebles, autorizadas a expensas de la integridad patrimonial y del conjunto de la fisonomía del área. Esta pérdida del patrimonio, constituye un crimen imperdonable de parte de la Administración Distrital, principal responsable de su gestión y conservación.
El ritmo de la degradación patrimonial del Centro Histórico, ha sido acelerado además por el fenómeno de la invasión de espacio público, propiciado no solo por ventas ambulantes, sino por establecimientos formales que han decidido “parcelar” las alamedas y andenes, mediante la instalación de elementos que restringen el paso adecuado de peatones, para lo cual, estas áreas fueron dispuestas. Pese a las evidentes y múltiples afectaciones que causa la invasión del espacio público al sector, poco efectiva ha sido la autoridad Distrital en su solución.
A este caos, se le suman la contaminación visual y auditiva que desde hace mucho se ha impuesto en el Centro. La homogeneidad lograda en años anteriores a través de normas que regulaban la ubicación e instalación de publicidad, se ha perdido ante la vista de todos, y con ello, la apariencia histórica que integralmente se pretendía privilegiar en el Centro.
Ante estos resultados, resulta inevitable preguntarse: ¿qué pasa con el control urbano de la ciudad, con el Consejo Distrital de Patrimonio y demás autoridades que deben velar por la conservación de este importante activo de la ciudad? Asimismo, ¿por qué la ciudadanía y gremios han permitido que la identidad local haya sido disminuida por la debilidad institucional y el bajo sentido de pertenencia?
Es una ironía, que la recuperación del Centro Histórico de la ciudad, que en su momento fue un positivo referente de la gestión articulada de los sectores públicos y privados de orden local y nacional, se haya convertido en una clara muestra de los efectos de la polarización del territorio. Los principales representantes y líderes de la ciudad, dado el escenario de pugnacidad que se ha impuesto a partir de los intereses políticos, han optado por escoger entre dos caminos extremos: dejarse arrastrar por los discursos y prácticas políticas que fomentan la división y el odio, o desentenderse totalmente de la planificación e impulso del desarrollo local. Mientras tanto, la ciudad, como un barco a la deriva se aproxima a un punto de no retorno.