La pobreza en Santa Marta, ha llegado a niveles preocupantes, que desde hace mucho, ameritan por parte del gobierno de turno, un esfuerzo serio y consecuente para su tratamiento. Estos precarios y sostenidos resultados, evidencian la errática agenda de un gobierno local, que en lugar de dedicarse a gestionar la solución de los principales problemas del territorio y mejorar el nivel de bienestar de la población, se concentra en disponer esfuerzos y recursos institucionales en la “protección” de los intereses de sus líderes políticos. Aunque esto último implique, desafiar a las instituciones nacionales de las que, se quiera aceptar o no, el Distrito depende significativamente.
Mientras las políticas de desarrollo son la debilidad del actual gobierno, lo que les destaca frente a sus predecesores, es el afianzamiento del asistencialismo como estrategia para disfrazar su incapacidad de establecer las soluciones estructurales con las que se comprometieron en épocas de campaña.
“El asistencialismo, entendido como caridad pública, tiende a considerar a quienes se les ofrece apoyo como beneficiarios, y dependientes” (Melva Lucía Riaño). Es con este enfoque, con el que se han tratado los problemas sociales de la ciudad, lo cual, ha facilitado la creación de un círculo vicioso del que el gobierno local saca ventajas políticas mediante la manipulación de las necesidades de las poblaciones en condiciones de pobreza y marginalidad social. Como compensación, dichos sectores resultan “beneficiados”, al obtener prebendas individuales con el mínimo esfuerzo. Este mecanismo es tan perverso, que las comunidades anestesiadas con la “generosidad” de sus gobernantes, son incapaces de reconocer el daño que sufren, y por ello, en lugar de protestar por la falta de soluciones, se sienten agradecidos por las migajas que estos les brindan.
En el asistencialismo criollo, detrás de cada “ayuda”, hay una incompetencia que cubrir. Ejemplo de esto, los tradicionales auxilios para los afectados por las emergencias invernales, que durante cada periodo se agudizan producto de las fallas de la planificación, la falta de control urbano y ambiental de las autoridades locales, así como el oportunismo de algunas mafias de invasores que han ganado terreno en medio del actual desgobierno.
En épocas de sequía, el asistencialismo se traduce en carro-tanques, que llevan agua “gratis” a las comunidades de barrios populares para paliar los efectos de la crisis del agua. El Distrito, ha destinado durante los últimos años, miles de millones de pesos en contratos de carro-tanques, a pesar de no haber logrado disponer para los samarios una gota de agua adicional, debido a su ineficiente gestión de nuevas fuentes hídricas.
Frente al desempleo, la respuesta institucional ha consistido en camuflarlo detrás de la casi legitimada informalidad. Permisos y autorizaciones, que durante épocas preelectorales se manejan con mayor discrecionalidad y según los intereses políticos de momento. El efecto de esta mecánica clientelista, ha sido el aumento de la invasión del espacio público y del moto-taxismo, dos actividades, que durante la última década han logrado una significativa participación en la economía local. Como es de esperarse, estas conductas de parte de las autoridades, tienen repercusiones sobre las decisiones de los electores, y estas así mismo, frente a las condiciones políticas y económicas, determinantes del desarrollo.
Bajo esta lógica mezquina del asistencialismo, no resulta rentable resolver de fondo las problemáticas de la ciudad, pues, los gobernantes de turno perderían la capacidad de manipular las necesidades de la población.
El desarrollo y el asistencialismo son antagónicos. Mientras, “El desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos” (Amartya Sen, Nobel de Economía 1998), el asistencialismo fomenta la perversa dependencia del individuo frente al Estado y estructuras de poder político.
Con dos conceptos tan claros para la gestión pública, resulta inexplicable cómo ante el evidente camino fallido por el que ha sido conducida la ciudad, sus empresarios, gremios, medios de prensa, organizaciones académicas y profesionales, no han actuado para evitar la debacle social, económica y política en la que ha sido sumergida la ciudad.
¿Cómo es posible que estos sectores, no hayan tenido la iniciativa de promover un debate amplio y riguroso sobre cómo rescatar a Santa Marta del retroceso? O, es qué ¿a estos sectores también les conviene que Santa Marta, se mantenga en este estado de postración?