Los castilletes escenario de una querella policial

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Escrito por:

Jesús Iguarán Iguarán

Jesús Iguarán Iguarán

Columna: Opinión

e-mail: jaiisijuana@hotmail.com


Quiero referirme en estos renglones a un caso inverosímil sin precedente que sucedió en la “guajira arriba” con precisión en el corregimiento de los Castilletes perteneciente al municipio de Uribia, donde el país registra el mojón de señalamiento número 1 que indica la dirección de la línea que demarca los límites de Colombia y Venezuela, podríamos decir que marca el inicio de Venezuela en su zona occidental y septentrional.

Indudablemente que la seguridad de los ciudadanos es supremamente primordial en cualquier nación del orbe, de igual manera se debe velar por la garantía de sus derechos, por estas razones se creó la Policía Nacional, no sólo debe vigilar las fronteras sino dar garantía para que sus coterraneos puedan vivir de acuerdo con la constitución que lo rige.

A mi wasap me llegó un audiovideo que registra a un puñado de indígenas guayús filmando el ultraje de un grupo de la Policía Nacional, al parecer por medio de la fuerza ha llegado a una ranchería desapropiándolos de sus pertenencias, llevando consigo chinchorros de doble cara, mochilas artesanales y una planta generadora de unos 850 Kilovatios.

A todo cuerpo estatal que se asigne la tarea de vigilar las fronteras, debe potencialmente asumirla con alta responsabilidad, educación y cordialidad, para que el concepto que se lleguen a formar de ellos, se lo formen de igual manera del país, quienes los conformen debe dar cumplimientos a sus obligaciones y ser cuidadoso para tomar decesiones, debido a sus enormes compromisos no tienen derecho a equivocarse, los agentes policiales se hallan en el caso de medir sus acciones, aquilatarlas y pesarlas. No es posible verterlas en una medida caprichosa.  La acción de estos agentes del orden en esta esquina de Colombia es totalmente reprochable y la conducta asumida por estos representantes de la ley, fue un comportamiento de barbarie y desvergüenza que sólo caracteriza hoy a los infortunados que de infracción en infracción han descendido hasta el fondo de la degradación social.

Como agentes del orden deben conservar el mantenimiento de la convivencia necesaria para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar la protección del orden deberán dedicarse al amparo de la ciudadanía, el Estado le suministra el uniforme de la patria con el fin de fomentar apoyo en protección de la ciudadanía, pero jamás para que ese uniforme que significa tanto como emblema de la patria, se requiera para faltar al decoro y a la dignidad del ciudadano.

El inconformismo de los indígenas lesionados por esta conducta, están dispuesto hacerlo conocer a los altos mandos policiales, para que tomen medida al respecto, para que esta clase de arbitrariedades no se repitan.

  Estos reparos no son hijos de la hipocresía política, ni significa la reacción de un partido político, es simplemente el patriotismo herido de una etnia que se querella por haberles lesionado su abatido patrimonio.