La Alcaldía Distrital presentó ante la opinión pública, lo que, según ellos, será la solución definitiva de la crisis del agua en la ciudad: la construcción del sistema de acueducto de El Curval, en el corregimiento de Bonda. Según lo informado, en su primera etapa, este sistema utilizará para su producción una captación de 400 litros por segundo del río Piedras. Más adelante, este será ampliado hasta obtener de los ríos Guachaca y Don Diego, 2.000 litros más. En total, la ciudad dispondría de 2.400 litros por segundo para entonces.
De acuerdo con lo anunciado, los estudios y diseños de esta solución serán financiados por Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial de Grupo Ecopetrol, a través de convenio firmado con la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena, por valor de 16.000 millones de pesos.
Aunque estas noticias han sido muy esperadas por la ciudad, de quienes vienen, más que tranquilidad generan escepticismo, pues, los gobiernos del Cambio, como se autodenominan, llevan más de diez años entre promesas para la ciudadanía y ataques políticos contra sus adversarios, que para lo único que han servido, es para distraer la atención pública, mientras se agudizan problemáticas tan sensibles como la crisis del agua, entre otras más.
Además del escepticismo, el anuncio genera algunas dudas desde el punto de vista técnico, toda vez que, se habla de la contratación de unos estudios, que sin iniciar, han sido orientados hacia una alternativa de solución específica, lo cual, contradice la lógica de lo que se conoce como ciclo de proyecto: pre-inversión, inversión, operación y evaluación ex-post.
La etapa de pre-inversión, -por donde debe iniciar el proyecto anunciado-, “es aquella donde se realizan todos los análisis y estudios requeridos para definir la problemática e identificar la mejor alternativa de solución, luego de haber agotado el proceso de evaluación de la factibilidad técnica, legal, ambiental, económica y social de las opciones analizadas” (Teoría de proyectos, DNP). Es decir, si la Alcaldía va a contratar unos estudios, estos deberían arrojar en primera instancia varias alternativas para analizar, y entre estas, seleccionar la más adecuada. No como pretenden hacer, partir de una única opción, que al no ser comparada con otras, difícilmente, se tendrá certeza si es la más conveniente frente a los múltiples criterios que deben evaluarse.
Ahora bien, entre tantos anuncios y estudios ¿quién garantiza a los samarios, que estos últimos no terminarán engavetados como los anteriores? Este fue el caso de los estudios realizados por la Universidad de los Andes en el año 2014, los cuales plantearon como solución de mediano plazo para la crisis del agua, el aprovechamiento de los caudales de los ríos Córdoba y Toribio, mientras que en el largo plazo, la alternativa identificada fue la captación del río Magdalena. Finalmente, ni lo uno ni lo otro.
Qué decir, de aquel anuncio del ex alcalde Rafael Martínez, quien a su regreso de Israel, trajo la efervescente idea de construir una planta desalinizadora de agua, que según él, aseguraría el suministro de la misma durante los próximos 20 o 30 años.
En fin, han sido diez años de anuncios y estudios, que han implicado el desperdicio de importantes recursos financieros, y el consumo de un tiempo valioso, mientras Santa Marta, agudiza su postración social, política y económica.
Aunque es muy pronto y existe poca información para analizar frente al proyecto anunciado –valga recalcar sin estudio de alternativas-, qué bueno sería, que la ciudad tuviera la certeza de que sus organizaciones profesionales, gremiales e instituciones académicas, estarán atentas a lo que derive de este.
Desdice mucho de Santa Marta, que por años, un tema tan sensible como la solución a la crisis del agua, haya estado sometido a la improvisación técnica por parte de los gobiernos de turno, en medio del silencio ensordecedor de organizaciones profesionales locales con conocimientos específicos. Vale la pena preguntarse ¿Hay algún impedimento que desconocen los samarios por los cuales las sociedades de profesionales no puedan pronunciarse frente a estos temas? ¿En qué consistirá el sentido de pertinencia de los profesionales locales frente a su ciudad?