Las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional de Colombia dan fe que las cárceles no cumplen con las condiciones mínimas que tutelan los derechos humanos, impidiendo que el recluso se pueda resocializar y ser devuelto a la sociedad para que se integre a la vida laboral y productiva del país.
No podríamos ser ajenos a que las sociedades desde la antigüedad se han venido organizando con relación a la convivencia social dando surgimientos a normas desde el derecho penal para preservar la armonía social de sus integrantes. Es por eso por lo que aquellos comportamientos que son contrarios a ella serán castigados y sus infractores separados de la sociedad. Así, poco a poco fue surgiendo la idea de la reclusión en prisión para aquellos que violen la respectiva ley penal. Además, también surgió la idea de encerrarlos, pero a la vez resocializarlos para cuando regresen a la sociedad puedan adentrarse a ella como excelentes seres humanos y en lo posible no vuelvan a delinquir.
Mientras tanto, el alto costo que tiene el sistema penitenciario en Colombia contrasta con el mal estado en el que se encuentran muchas cárceles en el país y el hacinamiento al que muchos presos están sometidos. En Colombia hay penales que en promedio tienen más de 50 años de construcción, con problemas de suministro de agua y en los que hay 38.952 personas más de las que deberían estar allí. Y ni hablar del precario servicio de salud a cargo del Estado. El hacinamiento, según el propio Inpec, es del 28,9 por ciento. Es decir, hay 23.374 personas más de las que caben en las cárceles del país.
Son además muchas otras situaciones que se les presentan a los penados por el hacinamiento al que están sometidos como que los lleva a la escasez de los bienes y servicios más básicos al interior de las cárceles, como un lugar para dormir. Esto lleva a la violación de la dignidad humana y que la corrupción y la necesidad generen un mercado ilegal, alterno, en el cual se negocian esos bienes básicos escasos que el Estado debería garantizar a una persona, especialmente por el hecho de estar privada de la libertad bajo su control y sujeción.
Además, según la Corte Constitucional, por las condiciones de hacinamiento y deterioro de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como de los servicios que se presentan en cada establecimiento, la posibilidad de que se den tratos crueles, inhumanos e indignos aumenta notoriamente. La deshumanización de las personas en los actuales contextos carcelarios es evidente. En síntesis, a los penados en las cárceles de Colombia, el hacinamiento les ocasiona que no se pueden resocializar, los hace caer en la reincidencia, le viola el derecho a la dignidad humana y los hace someter a tratos inhumanos que muchas veces raya la tortura.
Para concluir, debemos tener en cuenta que Colombia no le apuesta a solucionar esta problemática de violación reiterativa de la dignidad humana de los reclusos desde una perspectiva de resocialización pues cada que se pregunta a entidades del Estado por su responsabilidad y por la solución por lo general informan sobre la construcción de más cárceles en el territorio nacional.