Después de asistir y participar en varios foros, decidí escribir algunas reflexiones sobre la Ley de Solidaridad Sostenible (reforma tributaria) que pretendía conseguir recursos por $23,4 billones. Sus principales objetivos eran la generación de empleo y la reducción de la desigualdad. Así mismo exponer algunos argumentos sobre la necesidad de presentar una nueva reforma a la mayor brevedad.
Comencemos por desglosar las principales pretensiones del gobierno con la retirada reforma. 1. Fortalecer el programa Ingreso Solidario, el cual quería consolidar como un programa permanente atendiendo a un número mayor de colombianos necesitados (cerca de 20 millones). 2. Extender el PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) el cual permitiría seguir conservando durante el período de pandemia, los puestos de trabajo formal de los colombianos. 3. Ampliar el número de familias beneficiadas en el programa de devolución del IVA. 4. Generar incentivos durante 5 años, para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años con la exención de los aportes de seguridad social. 5. Impulsar y fortalecer el Fondo de Solidaridad Educativa que brinda la posibilidad de gratuidad universitaria a los estudiantes de estratos más bajos.
Ahora bien, la mencionada reforma retirada el pasado 2 de mayo, contaba con unos puntos polémicos que vale la pena mencionar. En primer lugar, el hecho del evidente impacto a la clase media, gravando con más impuestos a esta importante franja de la economía (incluyendo los salarios, los servicios públicos y la canasta familiar). Recordemos que la clase media es el dinamizador del consumo. En segundo lugar, el impuesto a la tecnología cómo celulares, computadores y tabletas de gama baja y en tercer lugar, la eliminación de algunos bienes exentos.
En este sentido, el sector agropecuario manifestó su rechazo exponiendo que pasar un bien de exento a excluido implicaría afectar la cadena productiva. Es decir, el transporte, los fertilizantes, sistemas de riego, herramientas de trabajo, concentrados, entre otros, estarían tocados por el gravamen que no se devolvería al productor, es decir, un mayor costo que se trasladaba al consumidor
Sin embargo, la necesidad de presentar un nuevo proyecto es urgente. De hecho, la firma S&P Global Ratings bajó la calificación crediticia de Colombia, que pasó de BBB- a BB+ con perspectiva estable, generando la pérdida de la nota de grado de inversión que el país pudo conservar durante 10 años. La pérdida del grado de inversión se debió al retiro la mencionada reforma y a las presiones sobre el gasto que impiden una mejoría en la situación fiscal.
En definitiva, se necesita de manera urgente una nueva reforma que garantice el recaudo de al menos $15 billones para poder cumplir con los programas sociales y estabilizar la situación fiscal. Así mismo, se evitaría la pérdida del grado de inversión con las otras calificadoras (Fitch y Moody´s). Aplicar una seria política de austeridad burocrática sumado a la propuesta de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) de aplazar la reducción de la tarifa del impuesto a la renta y la deducción del impuesto de industria y comercio (ICA) sin lugar a dudas aportarían a lograr el objetivo.