El virus naranja

La reforma tributaria que cocina el Gobierno ha sido calificada por técnicamente entendidos de diversas corrientes políticas como “inconveniente”, y, por gente más o menos independiente y seria, como un descargo al empresariado en desmedro de las personas naturales, asalariadas o no, a las que se les recargará con el peso de la pandémica contracción económica.

Es decir, hay más o menos consenso en la idea de que se intenta, con los impuestos, pauperizar a Colombia, hacer más pobre a la clase media hasta volverla baja; redistribuir, no la riqueza, sino la pobreza, para que sigan diciendo que tal solo lo hace el castro-chavismo. Todo a partir del subterfugio consistente en repetir que “esta reforma debió hacerse hace treinta años”, y que se complementa con la monserga aquella según la cual “en Colombia la gente no paga impuestos”. Pues muy bonito momento para dizque organizar al país. Este rastrero ataque merece, desde luego, todas las marchas –pacíficas- posibles.

Al presidente de la República nadie lo librará de la responsabilidad histórica, más allá de que ridículamente pretenda escudarse detrás de las acciones de su propio partido. Él es el único responsable de la cuestión contributiva, importa poco que sea cierto o no lo que se dice en cuanto a que el millonario ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no le hace caso, lo pordebajea, lo ignora, en público y en privado. Contrasta, eso sí, dicha actitud sumisa del jefe de Estado con la que subyace en la emisión del decreto para “repartirse” su propio juez en materia de tutelas (decreto 333 del 6 de abril de 2021), en perjuicio de la desconcentración de la administración de justicia (no al contrario, aunque lo haya dicho sin ruborizarse el ministro de Justicia); y en la del decreto que autoriza la aspersión aérea de glifosato, mediante el cual el Gobierno admite no tener certeza científica sobre si esa sustancia es inocua para la salud de los colombianos (decreto 380 del 12 de abril de 2021).

Mientras tanto, Semana hace su parte: desviar la atención nacional, en caso de que los lectores que le quedan definan qué es la atención de una nación consumida por el hambre que no necesariamente ve ya en el uribismo respuestas a nada. La distracción referida se moldea tratando de dinamitar la credibilidad de un testigo dentro de un proceso judicial para favorecer los intereses personales de un expresidente. Sí, la última edición de la revista resultó, antes que penosa, de chismografía colegial. En cambio, ese medio de comunicación no se ocupa –y debería- de fustigar la extraña reunión de los hijos de Álvaro Uribe con el presidente nominal, para “hablar de la reforma tributaria”. Una publicación de carácter, como se presenta, habría preguntado acerca de quién diablos es Tomás Uribe para influir en los asuntos de Estado (y andar de flirteo impune, además, con el Código Penal).

Igual que al principio, sigo contando el tiempo que le resta en el poder al jefe de Gobierno. Faltan, exactamente, un año, tres meses y tres semanas para que se vaya Iván Duque, una cierta calamidad política en tiempos de desgracia sanitaria, económica y social. Por supuesto, el 7 de agosto de 2022 todavía habrá coronavirus, aunque quizás después de esa fecha su mal no se vea tan invencible.

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