El pasado 15 de marzo, el Concejo Distrital citó al Secretario de Salud, Henrique Toscano, para que rindiera cuentas acerca de las acciones que la Administración Distrital, tiene dispuestas para contener el aumento de contagios que ha registrado la ciudad recientemente.
La citación del Secretario, fue tramitada en virtud de las alertas que algunos concejales emitieron sobre el probable colapso de la red hospitalaria local. Pese a la gravedad de estas alertas, fueron inicialmente desestimadas por Toscano, quien además no dudó en tildarlas como: “información falsa, incendiaria que lo que quiere generar es un estado de miedo en la ciudadanía”. Los hechos, sin embargo, le dieron la razón al Concejo, pues, el Distrito, dos días después se vio en la obligación de declarar la alerta roja hospitalaria.
La intervención del Secretario, contrario a lo esperado, en lugar de disipar las inquietudes del Cabildo y ciudadanía en general, no dejó más que preocupación e insatisfacción, debido a su evidente intento de responsabilizar del aumento del contagio y la crisis hospitalaria, a factores y actores, ajenos al control de la administración Distrital. Según las explicaciones del Secretario, al Distrito, no le cabe ninguna responsabilidad frente a la falta de condiciones de la ciudad para enfrentar el actual rebrote.
Aunque, la consciencia colectiva es importante como señaló el Secretario en su intervención, ello no excluye la obligación de los gobiernos de gestionar las acciones necesarias para cortar la cadena de transmisión del virus, y disminuir la mortalidad del mismo, como lo han hecho el resto de ciudades en el país. Esto, con mayor razón, al considerar las características de una ciudad como Santa Marta, que se sustenta gran parte, en actividades orientadas a la oferta de servicios con un fuerte predominio de la informalidad, lo cual hace inviable social y económicamente, que el confinamiento se convierta en la única respuesta para el manejo de la pandemia.
La indisciplina social, ha sido un factor que los gobiernos en general, han analizado a la hora de diseñar sus planes para el manejo de la pandemia, y en función de su impacto, han definido medidas para su prevención y control. Asimismo, en el evento que estas fallen, los gobiernos han hecho sus mayores esfuerzos para disponer de capacidad instalada que les permita atender los casos de gravedad, pues si bien, este es el último recurso, no es el menos importante. En el nivel internacional, se pueden destacar países como España y Francia, que casi un año de pandemia habilitaron el doble de camas que había antes de marzo de 2020. En el nivel nacional, ciudades como Medellín, triplicaron su capacidad instalada de 300 a 900 camas UCI, Barranquilla pasó de 411 a 728, y Cúcuta, que tenía 143 camas, hoy cuenta con 363.
Contrario a esta lógica, el gobierno Distrital, parece restarle importancia a la necesidad de disponer de una adecuada oferta para enfrentar la crisis sanitaria. Así dejó entrever el Secretario, al manifestar: “[…] cuando ya está diseminada la pandemia como tal, lo más importante, lo más fundamental, no son las camas UCI. Las camas UCI es el último recurso que se necesita, más importante es la consciencia personal y ciudadana [...] no es comprar más equipos ni comprar más camas Uci”.
Paradójicamente, mientras el Distrito, desestima la necesidad de mejorar las capacidades hospitalarias de la ciudad, se ha visto obligado a pedir apoyo a ciudades cercanas para que acepten la remisión de pacientes porque en Santa Marta, no hay cupo. Peor aún, es que ante la grave situación, el Distrito, haya rechazado la oferta del Ministerio de Salud, de enviar nuevos equipos para unidades intensivas, debido a que la ciudad no dispone de espacio para instalarlos.
Resulta inaudito, que el gobierno Distrital, pretenda evadir sus responsabilidades políticas y éticas frente al manejo de la actual crisis sanitaria. Sin embargo, esto no debería de extrañar, viniendo de los mismos creadores del discurso de “los de antes”, que durante sus 10 años en el poder, no han hecho más que profundizar las crisis sociales y brechas económicas, que dejaron sus predecesores.