Los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, fueron establecidos en el artículo 103 de la Constitución Política, y reglamentados por la Ley 134 de 1994. Estos, a su vez, han sido complementados y modificados mediante la Ley 1757 de 2015; esta última, precisa que la rendición pública de cuentas es una obligación permanente tanto de las entidades como de los servidores públicos. En virtud de este mandato, es deber de los gobernantes, realizar actividades de Rendición Pública de Cuentas, a fin de fortalecer entre otros aspectos, la cultura de la participación y el control social en la gestión gubernamental, la transparencia y el respeto de lo público.
Pese a lo dispuesto por ley, hasta la fecha la alcaldesa de Santa Marta, ha omitido este deber. Una vez más, demuestra que sus prioridades difieren de los intereses colectivos de la ciudadanía.
Después de un año de gobierno, los samarios esperan conocer de su primera autoridad, cuáles son los avances de su gestión frente a los profundos problemas que hoy tienen sumida a la ciudad en una de sus peores crisis: desabastecimiento de agua, desempleo, informalidad, pobreza e inseguridad. Todo esto, agudizado por el impacto de la pandemia en los distintos sectores sociales y económicos, los cuales, más que nunca demandan acciones del Estado, para mantenerse y recuperarse.
A estas alturas, es claro que el gobierno distrital, tiene poco para mostrar y mucho para explicar. Entre estos, el futuro de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), sobre el cual quedaron muchos interrogantes después del informe de entrega del gerente saliente. A saber: ¿qué se ha hecho para detener la espiral del déficit con que dicha empresa fue creada? ¿Cómo se financiará el pago del endeudamiento que la empresa asuma para solventar dicho déficit? ¿Qué avances se han logrado frente a la estructuración y gestión de la solución definitiva de la crisis del agua?
Desde el punto de vista socioeconómico, es preciso que el gobierno distrital, exponga y socialice los planes que implementará para reactivar la economía local. En este orden, se espera conocer acerca de las estrategias que se aplicarán para contener el desempleo y la informalidad en la ciudad, así como, los mecanismos que se activarán para atraer la inversión privada en el territorio.
Además de todo lo anterior, es momento de que la administración distrital, rinda cuentas a la ciudadanía sobre la gestión desarrollada para rescatar las obras casi siniestradas que heredó producto de la incapacidad de ejecutoría de los últimos gobiernos, que son a su vez, sus copartidarios políticos -convertidos hoy en la nueva cepa de los de antes-. Estas obras, además de ser un descalabro para el erario, representan, ante todo, un detrimento para la calidad de vida de la población: Megabiblioteca (aproximadamente $30 mil millones), el estadio Sierra Nevada (más de $68 millones), los puestos de salud, los CDI de Bonda ($4.813.446.000 millones) y Ciudad Equidad, megacolegios de Taganga ($9.414.512.824 millones) y Timayuí ($7.396.814.449 millones).
Después de una década en el poder y ante sus nefastos resultados en la gestión pública, el gobierno de turno y su grupo político, no pueden pretender seguir posando como la nueva generación de líderes, que llegan a redimir a las clases desfavorecidas, cuando lo que en realidad han hecho, es castigarlas a través de la deficiente y poco transparente administración de recursos públicos, el deterioro de la competitividad del territorio, la pérdida de oportunidades en la ciudad y el subsecuente empobrecimiento de la población.
La sociedad y el momento histórico demanda, que los próximos tres años de gobierno no sean más de lo mismo que se ha visto durante la última década: flashes, encuestas y nada de acción. Gobiernos del espectáculo, dedicados a la imagen y la vanidad, mientras la ciudad se derrumba en las narices de todos. No crea la alcaldesa, que los samarios comen y subsisten de encuestas o propaganda. La pobreza y la desigualdad, socavan la tolerancia de los pueblos.