La retórica del turismo en Santa Marta

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Escrito por:

Veruzka Aarón Torregrosa

Veruzka Aarón Torregrosa

Columna: Opinión

e-mail: veruzkaaaron.t@gmail.com

Twitter: @veruzkaaaron


En el transcurso de esta semana se dieron a conocer por parte de Procolombia, los resultados de los World Travel Awards 2020, conocidos también como los premios “Oscar” para destinos del turismo mundial.
Los ganadores de estos premios son seleccionados mediante votos emitidos por profesionales de la industria de viajes y el público en general. En esta versión, Colombia tuvo un destacado papel, al haber sido escogida como líder en nueve categorías, seis de las cuales, fueron para ciudades cuyas ofertas conquistaron a los evaluadores: San Andrés (destino playa), Bogotá (destino de viajes de Negocios), Medellín (destino de escapada Urbana), Barranquilla (destino de la ciudad cultura), Cali (destino Turístico Emergente), Cartagena (destino de Luna de Miel).

Santa Marta, no fue considerada líder en ninguna de las categorías de turismo premiadas, lo cual es un asunto de suma gravedad para una ciudad en la que territorialmente, sus principales ventajas comparativas se deben a la actividad turística. Al menos, así ha quedado definido en los diferentes planes de ordenamiento, desarrollo y sectoriales de los últimos 20 años.

Pese a lo anterior, los responsables de la gestión del sector turístico, al parecer, han olvidado que para estar en el pódium de los destinos nacionales e internacionales, hace falta más que discursos retóricos que, por cierto, día a día se distancian de la oferta real.

El objetivo de Santa Marta, como destino turístico, debería encaminarse a alcanzar altos niveles de competitividad, sin embargo, esto será imposible hasta que no haya una eficiente inversión y recurso humano calificado. Solo cumpliendo estas condiciones, los atractivos existentes y potenciales podrán ser transformados en productos de calidad.

Avanzar en términos de calidad será un desafío para una ciudad que, como Santa Marta, dada la incompetente gestión pública, no se ha logrado superar la crisis del agua. Una ciudad que, se mantiene en obra gris (17 obras inconclusas por valor de $160 mil millones) por cuenta de malas prácticas contractuales que hoy representan baúles sin fondo para el erario. Ni que decir, de una ciudad en la que, su población pasa vertiginosamente de la pobreza a la pobreza extrema, como lo demuestran cifras oficiales -quinta ciudad más pobre (44%) y tercera con más pobreza extrema de Colombia (3,4 PP)-.

Frente a esta cruda realidad, la dirigencia política vive en una tercera dimensión. Una, en que las crónicas problemáticas, no son más que “teorías conspirativas” de quienes según estos, “buscan desestabilizar” al gobierno local y su grupo político. Sin embargo, toda la responsabilidad no debe caer en el sector público, pues si algo se ha evidenciado durante los últimos años, es la falta de liderazgo del sector turístico desde el ámbito privado, cuyos representantes, están demasiado cómodos con el status quo. Ante resultados tan precarios para el destino, debería generarse en el sector un mea culpa y, a partir de ello, trabajar por la estructuración de un plan de acciones para el mejoramiento, innovación y adaptación de la oferta con respecto a la nueva realidad y sus efectos en la demanda.

La ciudad como destino turístico atraviesa un evidente periodo de rezago frente a otros destinos nacionales con menos ventajas comparativas y menor tradición en el mercado. La crisis del sector no es un aspecto aislado, es parte de la crisis generalizada de la ciudad, producto de la disfuncionalidad y desarticulación entre los distintos sectores socioeconómicos locales y de estos con los nacionales. Fortalecer el sector turístico debe ser una apuesta de todos, por tanto, es necesario que este proceso sea participativo y del que a su vez, se generen propuestas concretas y compromisos serios.

Como ciudad, es momento de hacer un alto en el camino a fin de definir y concertar un nuevo pacto social. Uno, que permita además de superar la crisis actual, reconstruir la confianza entre el Estado, los sectores socioeconómicos y las instituciones.